El viaje que ha pagado el Ayuntamiento a trescientos bolivianos —la mayoría sin papeles— a Madrid para empadronarse en el censo electoral ha sido organizado por un activista pro Evo Morales designado por la directora de Área de Relaciones Institucionales, María Teresa Maqueda, mano derecha en esta Delegación del primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU). ABC ha podido contrastar que Maqueda convocó varias reuniones con las asociaciones de bolivianos de Sevilla para organizar los viajes, pero delegó en el responsable de una de ellas para realizar el proceso de selección de los viajeros. Según denuncian varios excluidos, el elegido por la responsable municipal para esta labor «es claramente un activista pro Evo Morales».
La presidenta de la asociación de bolivianos La Kantuta Sevillana, Ana Luisa Córdova, desvela que «nosotros fuimos a una reunión que convocó Relaciones Institucionales para que hiciéramos el llamamiento a nuestros compatriotas asentados en Sevilla. A esa reunión nos convocó María Teresa Maqueda, que en ningún momento nos insinuó nada sobre a quién teníamos que votar. Pero al primer viaje fue nuestra vicepresidenta, que me llamó desde el autobús algo impactada porque había descubierto que aquello no estaba organizado por el Ayuntamiento como institución, sino por Izquierda Unida. La señora Maqueda nunca nos dijo que era de IU, así que hemos sido usados, porque los que no hemos querido desvelar nuestro voto no hemos podido ir». Córdova denuncia también que «teníamos sospechas de que algo estaba pasando porque a partir de un momento determinado la señora Maqueda dejó de atender al teléfono».
Y, para mayor sorpresa, en la primera expedición pagada con dinero municipal el 19 de septiembre, compuesta por tres autobuses —la partida municipal es de 20.999,99 euros para siete autocares en ese mes, fecha en la que sólo salieron tres—, algunos bolivianos que se habían inscrito se encontraron con un obstáculo a la hora de acceder a los vehículos: «Una persona pro Evo Morales, que conocemos todos, se puso allí a cobrar el viaje a los que no habían desvelado su voto. Esas cosas no me gustan. Él decía que era para gastos de la asociación Adbea, que es una asociación que no existe como tal porque ha sido disuelta», explica la presidenta de La Kantuta, que sospecha que «los encargados de esto se han reunido por su parte y lo han hecho para que no nos enteremos. Nosotros creíamos que ésta era una iniciativa de Relaciones Institucionales con la población boliviana, pero una semana antes de los viajes empezaron a ponernos excusas como que no lograban contactar con la corte electoral de Madrid. Yo llamé y lo logré directamente, así que creo que estaban evitándonos, otra explicación no encuentro».
De hecho, Córdova aún no ha podido ir a Madrid a inscribirse en el registro que le permitirá votar en las elecciones bolivianas del 6 de diciembre desde España. Trató de conseguir una plaza en los dos autobuses que partieron en la madrugada del pasado martes, pero «no nos dejaron salir con ellos». Por todo ello, y después de tratar por todos los medios de viajar a la capital en los autobuses municipales, Ana Luisa Córdova ha optado por pasar a la acción sin ayuda del Ayuntamiento: «Hasta el viernes pasado intentamos conseguir un autobús para ir este fin de semana, pero la gente trabaja y no hemos podido cerrar el tema, pero lo que queríamos era contratar uno y pagarlo entre todos».
LA EXPLICACIÓN DE TORRIJOS
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, el comunista Antonio Rodrigo Torrijos, reveló ayer las razones de esta iniciativa municipal que ha permitido a trescientos bolivianos proclives a Evo Morales empadronarse en el censo electoral de Madrid para votar al indigenista andino en los comicios de diciembre: «Esto es algo tan simple como que gracias al principio de reciprocidad los españoles que viven en Bolivia podrán votar allí y los bolivianos que viven en España podrán votar en las próximas municipales». Dicho principio, que el Gobierno de España promueve actualmente en 15 países para que los inmigrantes procedentes de estos lugares puedan votar en las elecciones municipales españolas de 2011, aún está pendiente de aprobación por parte de Evo Morales.
En cuanto esto ocurra, los bolivianos que Torrijos ha llevado a Madrid podrán votar en Sevilla, ya que en 2011 todos llevarán tres años en España y tendrán permiso de arraigo laboral. Torrijos aclaró también que «la corte electoral, no el Gobierno de Evo, ha solicitado ayuda y creo que somos el único Ayuntamiento de España que hemos respondido a este llamamiento porque sabemos lo que es emigrar en la época de la dictadura franquista», aunque según él la información publicada ayer por este periódico «no es conveniente», ya que «la partida es de 21.000 euros, no de 20.999,99» y la adjudicación a la empresa de autobuses «se ha hecho con absoluta legalidad administrativa».
Además, Torrijos sostiene que «han salido ya los siete autobuses, y no sólo tres», ya que «salieron cuatro el 19 de septiembre, tres el 14 de octubre y uno ayer». El expediente de la Junta de Gobierno recoge, sin embargo, que el objeto de la adjudicación de este dinero es el «desplazamiento de un grupo de bolivianos a Madrid para su inscripción en el padrón electoral de Bolivia en septiembre de 2009 y el 6 de diciembre». De octubre no dice nada, pese a lo que Torrijos insiste que los siete autobuses están incluidos en esta misma partida argumentando que «las fechas definitivas de los viajes han sido pactadas con el censo electoral de Madrid». También niega el primer teniente de alcalde el carácter clandestino de los viajes, realizados de noche y sin anuncio alguno por parte del Ayuntamiento: «Salen de noche para estar en Madrid por la mañana sin que pierdan sus días de trabajo. Habíamos pensado poner vuelos charter y hoteles, pero al final decidimos poner autobuses», explicó tratando de ser irónico.Por último, Torrijos dice que «no se excluye a ningún boliviano ni le hemos preguntado a nadie a quién va a votar, si alguien se quedó sin plaza es que debió de llegar tarde, porque esto no tiene nada que ver con excursiones ideológicas.
Por su parte, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, no quiso opinar ayer sobre el caso porque «todavía no tengo conocimiento de este asunto». Por contra, el portavoz del PP municipal, Juan Ignacio Zoido, le inquirió que «si quiere ser digno tiene que exigir la devolución de los 21.000 euros a la caja».
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No(
