Poco se puede añadir, desde la perspectiva de opinión, a la demoledora información que publica E.C. en nuestras páginas sobre la verdadera reforma laboral que quiere la CEOE, en la medida en que la información veraz pone al descubierto cómo el Gobierno está dispuesto a ocultar y falsear casi todo, en el intento de desviar hacia terceros la razonable inquietud de empresarios y trabajadores ante el riesgo de que consiguieran cubrir el trámite parlamentario y ser aprobados los que ya unánimemente se reconocen como los peores Presupuestos Generales de la historia de nuestra democracia.
A medida que los analistas van, uno tras otro, poniendo de relieve los desequilibrios técnicos internos e incluso los serios errores macro del proyecto
aprobado por el Consejo de Ministros y llevado a las Cortes por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno, se extiende la inquietud en todos los ámbitos, no sólo en los financieros, empresarial e incluso sindical, sino incluso en crecientes espacios políticos.
Este año, el siempre muy importante debate de los Presupuestos tiene todas las perspectivas de acabar derivando a una auténtica batalla parlamentaria y ya se extiende la demanda de que todos los Grupos externos al PSOE depongan sus diferencias en aras del interés general del país, de forma que el debate abriera la posibilidad de una mayoría alternativa, que habilitase unos Presupuestos mínimamente a la altura de lo que la gravedad de la crisis económica exige para devolver la esperanza a la ciudadanía. No es imposible, pero para ser realistas es muy difícil que suceda.
¿Es posible y viable una política económica alternativa, que fuera viable y creíble? Desde luego que es posible, de forma y manera que los Grupos Parlamentarios, y los partidos políticos de los que derivan, afrontan una responsabilidad histórica, y sus dirigentes deben ser conscientes de que la ciudadanía acabará por pedirles cuentas de lo que hagan de aquí al histórico momento en que, por sentido de la responsabilidad, y hasta cierto punto de la decencia, puedan impedir, con el poder democrático de sus votos, que se perpetre la atrocidad presupuestaria pretendida por el Gobierno.