Patines bajo sospecha

Lo que era una gran idea, dentro de los proyectos de movilidad urbana no contaminante, del concejal de Medio Ambiente y candidato conservador a la Alcaldía, Iñigo de la Serna, tienen todo el tufo de un ‘apaño’ entre amigos.

Pero vayamos con los hechos probados. Primer hecho probado: La adjudicación a Planea Santander, S. L. del servicio de monopatines eléctricos se hizo mediante procedimiento restringido, sin que se conozca que otras empresas optaron al concurso.

Segundo: La sociedad adjudicataria se creó, de acuerdo con la inscripción en el Registro Mercantil, tan sólo 12 días antes de la adjudicación.

Tercero: El informe preceptivo de los servicios técnicos municipales sobre la idoneidad y capacidad de la empresa para prestar el servicio que se le pretendía adjudicar fue firmado por el funcionario responsable del Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Santander dos días antes de que Planea Santander se constituyera, por lo que difícilmente se pudo constatar que contaba con los medios técnicos, personales y organizativos precisos para llevar a cabo el cometido que el Ayuntamiento le encargaba.

Cuarto: Que al frente de la sociedad figura un arquitecto, sin ninguna experiencia anterior ni con empresas de servicios ni con empresas turísticas, que es consejero de la empresa municipal de Vivienda de Santander a propuesta de Gonzalo Piñeiro y que también formó parte del Consejo de Administración de la Sociedad de Aguas, hasta su disolución al privatizarse el servicio, cargo que ocupó a propuesta del presidente de aquella, el concejal de Medio Ambiente, De la Serna.

Y quinto hecho probado: que fue De la Serna quien dio a conocer el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se adjudicaba a Planea Santander del servicio citado, cerrando el círculo de una decisión que presenta numerosos interrogantes.

El grupo socialista ya ha pedido una reunión urgente para que De la Serna se explique. Por cierto un De la Serna al que les llueven los problemas. De la Serna era el jefe de gabinete de José Luis Gil, en el ojo del huracán por el informe favorable a la urbanización de El Cuco ahora declarada ilegal por los tribunales de justicia.

Y fue el responsable, junto al director de la empresa de residuos, de ‘gastarse’ cientos de millones de pesetas en material para la limpieza de las playas contaminadas por el vertido del ‘Pretige’ que nunca llegó a utilizarse. Gestión puesta en solfa por un reciente informe del Tribunal de Cuentas.