Tras ser preguntada por la opinión que le merece la iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, para reforzar la autoridad de los profesores,
Sáenz de Santamaría señaló en rueda de prensa en el Congreso que no puede estar
"más de acuerdo" con la dirigente madrileña, como lo demuestra el hecho de que su grupo en la Cámara baja haya registrado una proposición de ley en el mismo sentido.
Para Sáenz de Santamaría, este hecho
"es una muestra de coordinación" del PP y de la
"claridad de criterios" que el partido defiende. Según dijo, la proposición de ley del PP en el Congreso pretende reformar la LOE para que se aplique en toda España esa condición de autoridad pública a los maestros y profesores en el ejercicio de sus funciones.
El PP señaló que el Gobierno tiene hasta el 5 de octubre para decidir si desea debatir este tema, y agregó que espera que, tras el visto bueno del Ejecutivo, esta reforma se debata en el mismo mes de octubre.
"Consideramos que en este momento una reforma educativa es básica y tiene que empezar por apoyar y reconocer al profesorado en la realización de sus tareas", señaló.
"No renunciamos a la reforma del sistema con los cambios normativas que sean necesarios", agregó. Sáenz de Santamaría pidió al PSOE que apoye esta medida tanto en el Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados.
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El Gobierno, cauteloso
El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, se refirió a la polémica y dijo que hay que contemplarla con
"mucho cuidado" por las consecuencias penales que pueda tener.
"No seré tan frívolo como para descalificar una propuesta que supongo que está llena de buena intención, pero yo creo que ha de hacerse con mucho cuidado para ver cuáles son las competencias de la comunidad para algo así como dotar de autoridad penal a los profesores", dijo en declaraciones a los medios, tras visitar el Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado, donde esta semana docentes de Ceuta y Melilla asisten a un curso para aplicar el Plan Escuela 2.0 en varios centros.
El ministro insistió en
"mirará con mucha atención" cuál es la propuesta que se hace desde la Comunidad de Madrid, para añadir que es
"complicada" desde el punto de vista administrativo porque, entre otros motivos, muchos de los profesores son funcionarios del Estado. Asimismo, dijo que en el marco del debate se debería tener en cuenta también la opinión de los padres, de los docentes y comunidades educativas
"para que no fuera sólo una decisión política".
El portavoz del PSOE en el Congreso,
José Antonio Alonso, también ha comentado que hay que estudiar la medida y que espera que Aguirre no aplique esta medida en los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid sin que antes haya una autorización parlamentaria o gubernamental.
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