Sin embargo, algunos dirigentes políticos e incluso el propio presidente, Álvaro Uribe, salieron en defensa del legislativo, invocando el principio de institucionalidad y la inconveniencia de no protegerla; de esta forma, la propuesta fue dejada de lado y el Congreso siguió con su normal funcionamiento, mientras la Corte Suprema de Justicia, único estamento autorizado para juzgar y procesar a los dirigentes políticos en Colombia, asumió las investigaciones y pronunciamientos respecto de los personajes que resultaron “salpicados” de ilegalidad.
Con el tiempo, los congresistas sospechosos de tener nexos con los paramilitares iniciaron una serie de renuncias a su fuero, con el objeto de que sus investigaciones y posibles condenas pasaran a manos de la Fiscalía General de la Nación, ente que al menos les garantizaría la figura de la doble instancia en materia de la revisión de las condenas. Ese fue el primer gol que los corruptos le metieron a la Corte y bajo el cual se han pretendido amparar cerca de 30 legisladores en menos de dos años.
No obstante, al percatarse de la situación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó que la institución siguiera llevando los casos de los políticos sospechosos de realizar alianzas y convenios con los grupos paramilitares, aún cuando éstos renunciaran a sus puestos, perdiendo así el fuero diplomático que los revestía. Esta acción oportuna del Alto Tribunal, anotó un gol e igualó el partido entre la justicia y la impunidad.
Ahora, en lo que parece una especie de “revancha”, “La U”, uno de los partidos de la coalición a favor de Uribe, presentó un proyecto de ley que busca crear un Tribunal Especial para la investigación y juzgamiento de los políticos que cometan ilícitos, con el fin de quitarle tal jurisprudencia a la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, en lo que podría ser una oportunidad de impunidad, el Congreso deberá darle trámite a la propuesta, ya sea para aprobarla o negarla.
Para muchos funcionarios y especialistas, la aceptación de la iniciativa significaría un gol a favor del bando de los ilícitos y un golpe de muerte a la confianza en las instituciones del país.
Las reacciones
El presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau De Lafont, afirmó que "La rama judicial cumple con sus funciones y desarrolla sus deberes", y por tanto dicha iniciativa debe ser revisada y analizada de manera seria y minuciosa.
Así mismo, el vicepresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, notablemente molesto por la propuesta, afirmó que procesos como la parapolítica, como se denominó a los casos de nexos entre parlamentarios y paramilitares, son considerados excepcionales, y que se esperaría que no se volvieran a repetir, por lo que le parece innecesario crear nuevos mecanismos de reforma a la justicia.
"Para juzgar a todos los delincuentes del país hay nueve Magistrados. El estamento que propone el proyecto tiene el mismo número de miembros. Estamos dejando el sabor que acá en Colombia todos los dirigentes comenten delitos y se necesita hasta crear una figura para juzgarlos", enfatizó Arrubla.
"Si lo que se quiere es la impunidad, que cierren la Corte Suprema", criticó en declaraciones el vicepresidente del Alto Tribunal, quien calificó el proyecto oficialista de "inoportuno". A su juicio, es una "tremenda ironía que se piense en quitarle sus competencias a una institución como la Corte Suprema de Justicia que ha hecho bien su trabajo”.
Así mismo, Arrubla señaló que "están apuntando al médico, y no a la enfermedad, pues acá el problema no es quien los juzga, sino por qué los dirigentes están involucrados en delitos". Finalmente el magistrado expresó su confianza en el criterio del Congreso y el curso que éste le dé al proyecto.
Actualmente la Corte Suprema de Justicia ha procesado a cerca de 70 congresistas, la mayoría de ellos de la coalición gubernamental.
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