Ecuador dice que Chevron trata desviar atención de posible fallo desfavorable

En las denuncias presentadas por la petrolera "se pretende insinuar que el Gobierno ha intentado influenciar" la decisión del juez Juan Núñez, encargado del caso, recoge un comunicado suscrito por Alexis Mera secretario jurídico de la Presidencia.

   Ante esas acusaciones, el funcionario señaló que "la empresa intenta desviar el debido proceso" y que "está beneficiándose, mediante sus abogados, de un delito que es interceptar conversaciones sin autorización, con el fin de perjudicar la imagen del país".

   Esa campaña respondería a "la eventualidad de una decisión adversa a los intereses" de Texaco, que luego pasó a manos de Chevron, añadió.

   "El Gobierno no tiene ningún interés en el tema y por tanto no ha intervenido, ni interviene, ni intervendrá en este proceso", sostuvo tras detallar que el Ejecutivo no es parte del proceso de litigio y que la petrolera "deberá responder ante la justicia ecuatoriana" por esas acusaciones.

   Chevron denunció este lunes que el juicio que se sigue contra ella, en el que se le demandan 27.000 millones de dólares por los supuestos daños que causó en la Amazonía ecuatoriana, está manchado por un "complot de soborno" entre el Gobierno y el juez del caso.

   La petrolera aseguró haber entregado "a las autoridades ecuatorianas y estadounidenses" documentación y unos vídeos que recogen conversaciones en las que varios funcionarios acuerdan con el juez que emita un fallo contra Chevron, tras el cual se repartirían 3 millones de dólares de la multa.

   La petrolera señaló como implicados en el supuesto complot al juez, al Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a unos 30.000 pobladores presuntamente afectados por la contaminación y que personaron la demanda, y a un grupo de "individuos que se identifican como representantes del Gobierno y del partido político oficialista", Alianza PAIS.

   Mera, como representante jurídico del Ejecutivo, manifiesta en el texto que no conoce "ni al juez Núñez ni a ningún juez de Sucumbíos", provincia del noroeste ecuatoriano, donde se desarrolla el juicio, y que no ha hablado del tema "ni directa ni indirectamente con ninguno de ellos".

   "Llega a los niveles de injuria calumniosa que se pretenda sostener que se hayan dado instrucciones al juez de cómo canalizar el dinero de la condena", añade.

   El funcionario afirmó que al actual Gobierno "no le interesa interferir en la administración de justicia" y señaló que "quien pretende distraer el debido proceso y presionar al juez de la causa con este tipo de actos no es el Gobierno sino la compañía Chevron".

   El juicio contra Texaco, por supuestos daños ambientales en una zona de la selva ecuatoriana, dura ya alrededor de 15 años, 10 de los cuales se desarrolló en una Corte de Nueva York, que dictaminó su traslado a Sucumbíos.

   El proceso judicial pretende demostrar si Texaco provocó daño ambiental en los campos de extracción de crudo en los que operó entre 1972 y 1995, sin embargo, la petrolera atribuye a la estatal Petroecuador la contaminación ambiental, basándose en un convenio que firmaron para la reparación de la zona de explotación.