Un aviso que EL DEBER reprodujo el 3 de agosto pasó desapercibido para gran parte del público, pero los escritorios petroleros en Bolivia y países vecinos que aún tienen algún interés en la industria boliviana de hidrocarburos tomaron nota. YPFB convocaba una consultoría, quizá la más profunda desde que asumió el control de la industria de los hidrocarburos tras el 1 de mayo de 2006. La convocatoria propuso realizar “el diagnóstico de la actual estructura organizacional de YPFB y de la nueva estructura organizacional de YPFB Corporativo que incluya: el manual de organización y funciones, el manual de procesos y procedimientos, el manual de cargos”. La tarea se extenderá durante 250 días desde la firma de un acuerdo entre la empresa consultora y Yacimientos.
Uno suponía que esta tarea había sido cumplida en los primeros meses de la empresa refundada, no tres años más tarde. La convocatoria no tendría mayores consecuencias si no ocurriese en medio de signos de grave debilidad de la industria que hoy es pilar básico en la economía boliviana. Técnicos que conocen la industria petrolera sostienen que iniciar un proceso de estructuración administrativa durante casi 10 meses equivale a “colocar en un limbo todos los acuerdos con YPFB”. Uno de ellos subrayó: “Nadie se atreverá a negociar con Bolivia durante todo ese tiempo, pues no tendrá seguridad sobre los acuerdos a los que pueda llegar. ¿Y si el nuevo manual de procedimientos cambia las reglas de juego?”.
No se ha visto ninguna información de YPFB que aclare los límites de la convocatoria, que se constituye en elemento de incertidumbre sobre la industria y sus perspectivas.
Bolivia produce unos 40 millones a 41 millones de metros cúbicos (mmc3) de gas natural, igual que en 2005. Con esos volúmenes apenas saca la cabeza fuera del agua de sus compromisos: 30 mm3 para Brasil (en esta temporada está comprando un 20% menos, pero dentro de los volúmenes contratados); consumo interno (6,5 mm3); entre 6 y 7 mm3 para Argentina. Hasta aquí –sin industrialización del gas, que ahora equivaldría a soñar– ya operaríamos con déficit: los compromisos superan la capacidad de producción. Las cuentas cuadran porque Brasil ahora compra menos, pero exigirá los volúmenes máximos (al menos 31 mm3) en cuanto lo requiera su demanda interna. Esta situación temporal no es halago para Bolivia. Cuando producimos menos gas, producimos menos líquidos, que se convierten en gasolina (que importamos de Chile, ahora proveedor esencial para Bolivia) y diésel. Entonces, si vendemos menos gas, importamos más diésel y más gasolina. Nuestro consumo de diésel es de unos 600 millones de litros anuales, gran parte comprados de Venezuela a precio internacional: $us 2 aproximadamente el litro, que en Bolivia es vendido a poco más de un cuarto de ese valor. Es decir, el Estado y YPFB pierden con el producto subvencionado (ninguna novedad, pues esto ocurre desde hace muchos años). A Venezuela se le debe pagar unos $us 800 millones anuales. Sin embargo, me aseguran que esta obligación no aparece registrada en ninguna parte. Pero que no aparezca no significa que no es una obligación, que Venezuela podría reclamar en cualquier momento.
El tema es complejo, pero es fácil percibir que estamos ante una bomba activada y con la cuenta regresiva en marcha. Para desactivarla concurren otros factores a los que no ayuda una convocatoria como la que acabamos de referir.
* Periodista, http://haroldolmos.wordpress.com
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