Madrid suspende en dependencia

En noviembre de 2006 se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Por la puesta en marcha de esta Ley el Estado garantiza, a través del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, una serie de prestaciones sociales y servicios para aquellas personas dependientes que no se pueden valer por sí mismas.

La aparición de esta ley significa que está con nosotros el cuarto pilar del Estado de Bienestar, fundamental para la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, sobre todo importante para aquellas capas sociales más necesitadas y más desfavorecidas.

La atención a las personas dependientes ha sido una de las reivindicaciones que UGT viene demandando desde mucho antes que se convirtiera en una petición generalizada.

Ahora, son muchos los que hacen referencia a la ya señalada Ley de Dependencia y Autonomía Personal, pero lo realmente importante son las personas que se están beneficiando o no, en función del desarrollo y aplicación de la Ley.  Por poner un ejemplo: la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, se sitúa a la cola de la aplicación, junto a Murcia y Valencia. Es fácil observar que son Comunidades Autónomas presididas por el Partido Popular, donde en los últimos años, curiosamente, ha habido un arraigado crecimiento urbanístico y especulativo, y donde, por el contrario, hay un fuerte déficit de prestaciones sociales para sus ciudadanos.

En Madrid, el Gobierno regional tiene pendiente esta asignatura con los ciudadanos de nuestra Comunidad. No ha hecho los deberes y, lo que es más grave, se siguen desentendiendo de las personas dependientes que hay en nuestra región. Por dar algún dato: hay más de 112.000 dependientes en Madrid, de más de 65 años, (sin tener en cuenta los dependientes menores de 65 años) esperando para poder disfrutar de su derecho, de los cuales tan sólo se han registrado, a fecha 1 de agosto de 2009,  41.550 solicitudes, el 0,66 por ciento de la población de la Comunidad Autónoma, y no todas reciben, al día de hoy, las prestaciones que les corresponden. Según los últimos datos del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) en la Comunidad de Madrid sólo tienen derecho a prestación 35.443 dependientes, de los cuales el 51,23 por ciento todavía no recibe ninguna ayuda.

Es evidente que al Gobierno regional no le seduce, desde su planteamiento político neoliberal, que haya una sanidad pública de calidad, una educación que mejore el futuro de nuestros hijos e hijas, y unas prestaciones sociales a los que nuestros mayores, nuestros dependientes o nuestros discapacitados tienen derecho, y que les posibilitará vivir en mejores condiciones.

La Comunidad de Madrid sigue sin habilitar partidas presupuestarias para la creación de centros, de plazas residenciales, etcétera, que mejorarían la calidad de vida de los dependientes y generaría multitud de puestos de trabajo. Además sigue sin realizar un verdadero esfuerzo presupuestario tanto en la creación de infraestructuras, como en la contratación de profesionales para la valoración y la baremación de solicitudes.

Desde UGT Madrid hemos reclamado al Gobierno regional la creación del Comité Consultivo Autonómico, para la correcta aplicación y desarrollo de la llamada Ley de Dependencia y Autonomía Personal. Pues bien, mientras la mayoría de las Comunidades Autónomas están inmersas en desarrollos normativos con el fin de adaptarse al nuevo escenario que supone la citada Ley, nuestra Comunidad Autónoma se aparta y dice no.

El desarrollo y la aplicación de la Ley de Dependencia debería estar fuera de cualquier controversia política, ya que los necesitados son personas y el único interés que tienen es el de disponer de unos recursos (que la ley les posibilita) y unos servicios indispensables para su quehacer diario.

En definitiva, solicito al Ejecutivo regional que haga los deberes en materia de Dependencia, ya que todavía están a tiempo de aprobar esta, dejen de mirar hacia otro lado y de poner trabas al desarrollo de la Ley. Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid no pueden seguir esperando más tiempo la correcta aplicación  de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid.

Ana Sánchez de la Coba
Secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid