El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y ex viceconsejero de Sanidad, Arturo Canalda González, ha mantenido este jueves las tesis del ex consejero Manuel Lamela en las investigaciones sobre sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés y ha diferenciado las actuaciones a raíz de una denuncia anónima en 2003 y las que acabaron en un juzgado de Leganés en 2005.
Así lo ha manifestado la letrada de la acusación popular, Elena Regúlez, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que ha participado este jueves en las diligencias de investigación incoadas por la querella presentada por el ex director del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, Luis Montes, contra Lamela y otros responsables sanitarios.
Según explicó,
no ha comparecido el médico inspector de la Consejería de Sanidad José Luis Rodríguez Nava, citado también este jueves por la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, "por encontrase de viaje". El propio Canalda ha rehuido hacer declaraciones a la prensa.
Regúlez señaló que a Canalda "le ha parecido
razonable desde el punto de vista administrativo, jurídico, procesal y de todo punto" la actuación de la Consejería al
nombrar un Comité de expertos para investigar en 2005 si había sedaciones irregulares "sin esperar a que la Fiscalía
concluyera la investigación que practicaba al recibir una denuncia anónima". "Lo que es extraño es que le haya parecido razonable el nombramiento del Comité antes de que el fiscal terminara para luego puentearle, remitir el informe y presentar la denuncia en los juzgados de Leganés", agregó.
Diferencias entre las denuncias de 2003 y 2005
Por otro lado, la abogada de la acusación popular señaló que el actual Defensor del Menor diferenció durante la toma de declaración de este jueves los hechos de 2003 y los de 2005. La letrada recordó que en 2003 hubo una denuncia anónima que
se archivó porque no había indicios de mala praxis. De hecho, en una carta Canalda argumentó que la propia Consejería y el Comité de Ética de Getafe había determinado en 2003 que no había indicios sobre mala praxis en las Urgencias del Severo Ochoa.
"En la documentación que nosotros manejamos se indica que él manifestó por activa y por pasiva en 2005 que los hechos denunciados ya habían sido investigados y estaban cerrados. En 2005 los propios denunciantes argumentaban que son hechos que venían denunciando desde 2003. Y ahora se pretende establecer una diferencia, pero todo indica, según las cartas de la Consejería, que los hechos son los mismos. Es una interpretación forzada, a mi manera de ver", dijo la letrada de la asociación Derecho a Morir Dignamente.
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