Dos años como plazo máximo para alcanzar el pacto social en la Cañada Real

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo madrileño explicó que el proyecto normativo establece que este acuerdo social deberá ser alcanzado entre los ayuntamientos afectados (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid), la Comunidad y con participación de las entidades y personas afectadas por este acuerdo de la Cañada.

"El objetivo es que en estos dos años se haga un acuerdo social y éste vaya seguido también de un acuerdo sobre la ordenación urbanística de los suelos, que deberán en su caso aprobar los ayuntamientos en el marco de sus propias competencias", añadió el vicepresidente, quien recordó que este anteproyecto es un compromiso asumido por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, "como paso necesario para abordar la problemática que a lo largo de los últimos 40 ó 50 años se han ido generando en esta zona".

El eje central del proyecto de ley consiste en la desafectación del dominio público de la vía pecuaria que dejará de serlo para pasar a ser un bien patrimonial, y por tanto, propiedad de la Comunidad de Madrid, que a partir de entonces podrá disponer sobre esa propiedad y "cederla, donarla y enajenarla, bien a los ayuntamientos o a terceros, de acuerdo a los distintos trámites que posteriormente se vengan a realizar", apuntó González.

Transcurridos los dos años de plazo máximo, aunque como indicó González, el acuerdo social se puede alcanzar antes, la Comunidad procederá a enajenar los terrenos afectados por la desafectación. No obstante, esto sólo se hará cuando se haya encontrado una solución para ver qué es lo que se hace con los problemas de seguridad que hay en la zona, donde entra el Gobierno central a través de la Delegación de Gobierno, y con la gente que vive allí, incluidos los asentamientos ilegales.

Sin diálogo municipal
Por otra parte, el Ayun tamiento de Madrid ha anunciado que no se reunirá con los vecinos de la Cañada Real hasta que éstos no se agrupen en una entidad reconocida por la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) porque, de lo contrario, el Ayuntamiento mantendría reuniones "de forma discrecional" con personas que a título individual defienden una causa pero que no representan al conjunto de la ciudadanía afectada.

Todo ello se produce después de que la asociación vecinal del sector 4 de La Cañada, no federada a la FRAVM, se reuniera este martes con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, para pedirle una 'amnistía' para sus viviendas.  Sobre la posibilidad de que los vecinos de la Cañada compren los terrenos para poder mantener sus casas una vez que se produzca la desafectación, Ruiz-Gallardón sostuvo que cuando esto último tenga lugar "no significará el traspaso de titularidad porque será un bien patrimonial propiedad de la Comunidad de Madrid".