Para ello, el grupo guerrillero manifiesta su pretensión de que sea el Gobierno, en una muestra de voluntad política, quien fije las “circunstancias de modo, tiempo y lugar” para que la diligencia se efectúe.
Mientras se produce el pronunciamiento presidencial, las FARC confirman que están dispuestas a organizar, junto con Córdoba, la entrega y recibimiento del cabo Pablo Emilio Moncayo, el soldado profesional Josué Daniel Calvo y los restos del mayor de la policía Julián Guevara, muerto en 2006 al parecer por causa de una enfermedad tropical.
Así mismo la guerrilla se mostró expectante ante la decisión del Gobierno de autorizar públicamente a la senadora Piedad Córdoba, como una de las encargadas, junto con la CICR y la Iglesia, de gestionar el proceso de liberación. Además, en la carta se afirma que el gesto no es más que “el pleno reconocimiento oficial a la seriedad de sus gestiones humanitarias”.
Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, los familiares de los secuestrados esperan que lo haga pronto, con el fin de que se aproveche la oportunidad que el grupo guerrillero está ofreciendo de devolver a los secuestrados a la libertad.