Este miércoles coincidieron en Madrid dos manifestaciones relacionadas con el cierre de Garoña. Mientras que unos cien empleados protestaron frente al Congreso de los Diputados contra el posible cierre de la central nuclear, activistas de asociaciones ecologistas entregaron una llave gigante en el Ministerio de Industria para solicitar que finalice su actividad.
El permiso de funcionamiento de la central de Garoña finaliza el próximo 5 de julio y el Gobierno debe tomar una decisión antes de esa fecha. El Ministro de Industria, Miguel Sebastián, está siendo uno de los integrantes del Gobierno que más está apostando por la continuidad de la central, según señalan Ecologistas en Acción y Greenpeace, por lo que activistas de estas asociaciones ataviados con monos blancos le entregaron este miércoles una llave gigante, en un acto simbólico que reivindicó el cierre.
Sebastián ha pedido un informe al Consejo de Seguridad Nuclear para que estudie las posibilidades de prorrógar a dos, cuatro y seis años. Pero las asociaciones ecologistas lo tienen claro. Aseguran que "la central está obsoleta, amortizada y aquejada de serios problemas que afectan a la seguridad del reactor".
Según explican, los problemas de seguridad de Garoña se centran principalmente en la corrosión de la vasija y del circuito primario, lo que hace que, para ser solventados, prácticamente haya que reconstruir la central, lo que es un sinsentido. No solventar estos problemas implica aumentar peligrosamente la probabilidad de un accidente nuclear grave.
Para las organizaciones ecologistas, la única razón para mantener abierto este centro de producción de residuos nucleares es su gran rentabilidad para las eléctricas dueñas. Y recuerdan "el claro sentimiento anti-nuclear de la población española".
Un millar de puestos de trabajo
Sin embargo, no todo el mundo está contra la energía nuclear, especialmente, los trabajadores de la propia central de Garoña, que se concentraron este miércoles en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno la continuidad del funcionamiento de la central hasta el año 2019.
Bajo el lema "Garoña es segura. Continuidad", los trabajadores reclaman la defensa de cerca de un millar de puestos de trabajos directos e indirectos que genera la planta y piden a Zapatero "que se olvide de nosotros y nos deje trabajar". "Tenemos una empresa competitiva y segura, como se refleja en el informe del CSN", explicaba el trabajador más antiguo de la planta, Rodolfo Gutiérrez. En su opinión, debe prevalecer el informe del CSN, que ha recomendado la continuidad de la planta.
Sobre los empleos que se podrían perder, Ecologistas en Acción y Greenpeace señalan que el desmantelamiento de la central crearía el doble de puestos de trabajo directos de los que tiene en la actualidad la central durante los próximos 10-15 años. Además, exigen que el desmantelamiento venga acompañado de un plan de reconversión industrial de la zona pagado con los fondos de Enresa.
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