Antes de un mes, los hondureños irán a las urnas para decidir si convocan o no una Asamblea Constituyente que habilitaría al presidente Manuel Zelaya para continuar en el poder más allá de enero de 2010, cuando vence su mandato.
Su colega paraguayo Fernando Lugo confía en salir pronto del escándalo de su paternidad cuando oficiaba como sacerdote católico, para mover sus fichas en el Congreso y en la Corte con el propósito de emular a sus amigos Hugo Chávez en Venezuela, y Rafael Correa en Ecuador, de prolongar su estadía en el poder.
En Nicaragua, Daniel Ortega acaricia el sueño de sacar una reforma que, reelección incluida, marque la transición a un régimen parlamentario en el que el actual Jefe del Estado se convierta en diputado vitalicio con voz y voto.
Más al sur, en Bolivia, Evo Morales, que asumió la Presidencia en 2006 y ya logró incorporar su reelección por una única vez en la nueva Constitución, aprobada mediante consulta popular, convocará a elecciones generales en diciembre para el período 2010-2015 que, según las encuestas, va a ganar, y ahora su partido, el MAS, está planteando la posibilidad de habilitarlo para la reelección indefinida -siguiendo la ruta de Hugo Chávez en Venezuela-, para lo cual habría que modificar la recién estrenada Constitución.
La reelección se ha convertido en fiebre contagiosa y ha entrado a formar parte del paisaje político latinoamericano: 14 de los 18 países que conforman la región, tienen reelección, inmediata o alterna, e indefinida en Venezuela.
Así que no es patrimonio exclusivo de unos cuantos países, como Venezuela y Ecuador, cuyos presidentes acaban de lograr ser reelegidos, o de Colombia donde ya se estrenó, y un proyecto de referendo para habilitar al presidente Uribe para una segunda reelección está en su etapa final en el Congreso, y ad portas de quedar en manos de la Corte Constitucional que definirá su suerte.
La reelección fue tema de debate de la Décima Jornada de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, durante la cual expertos en Derecho Público, como Alberto Rojas y el ex procurador Edgardo Maya, expusieron sus puntos de vista. CAMBIO presenta un balance de la Jornada:
Honduras, la voz del pueblo
La Constitución hondureña prohíbe la reelección presidencial, pero le permite al Presidente convocar consultas populares para que el pueblo se pronuncie a favor o en contra de una Asamblea Nacional Constituyente que tendría facultades ilimitadas para reformar la Carta.
Ese fue el mecanismo que usó el presidente Manuel Zelaya para, con el respaldo del Consejo de Ministros, convocar una consulta el 18 de junio. El argumento es que el país necesita con urgencia una reforma de la Constitución para adecuarla a los nuevos tiempos y notificó a la oposición que está dispuesto a ir a la cárcel e incluso morir por defenderla.
En condiciones normales, Zelaya tendría que dejar la Presidencia el 27 de enero de 2010, pero para nadie es un secreto que su objetivo es buscar consenso entre sectores de izquierda, independientes y afectos al Gobierno, e incluso en las Fuerzas Armadas, para sacar adelante una iniciativa que tendría como plato fuerte la reelección. Según el mandatario, sin un modelo de gobierno como el suyo el país experimentaría un costoso retroceso.
Amigos suyos, como el presidente del Comité Hondureño de los Derechos Humanos, Andrés Pavón, se han encargado de alimentar rumores según los cuales sectores de derecha y conservadores radicales estarían fraguando un "golpe técnico" contra Zelaya, para impedir "la reforma estructural que requiere el Estado". Por lo pronto, el resultado de la propuesta ha sido el de una marcada polarización.
Paraguay, en suspenso
Antes de que estallara el escándalo de su paternidad cuando era ministro de la Iglesia Católica, el presidente Fernando Lugo ya analizaba la posibilidad de acudir a la fórmula plebiscitaria para remover el obstáculo constitucional que le impediría su reelección inmediata.
"Si el pueblo lo pide, podría ser", dijo Lugo en marzo al responder a las críticas del presidente del Congreso, Enrique González, y de miembros de la oposición que lo acusaron de estar moviéndose sospechosamente en la dirección de su amigo Hugo Chávez para integrar una Corte Suprema a la medida de sus necesidades, cooptar el Congreso y convocar un plebiscito.
Cabalgando a lomo de la popularidad que tenía antes del escándalo, el mandatario hablaba abiertamente de la reelección y miraba por encima del hombro a los opositores que, como su antecesor Lino Oviedo, lo comparaban con el dictador Alfredo Stroessner y lo acusaban de haber hecho equipo con Chávez y Correa para usar reglas democráticas en pro de sus apetencias.
Si (
No(
