Entre tanto el Comité Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, CIDH, pidió al gobierno ecuatoriano que adopte medidas cautelares para proteger a los defensores de los DD.HH., a los testigos y familiares de las víctimas de los asesinados que se registran en Shushufindi, provincia de Sucumbios.
Esta resolución fue adoptada el 28 de febrero pasado, en esta se fijaba un plazo de 15 días para que el gobierno ecuatoriano proceda a su cumplimiento.
Conforme a una investigación ejecutada por varios entes de reconocido prestigio institucional, de enero del 2000 a octubre del 2006, en la zona se han registrado 715 muertes violentas.
Se reportó que de esta cifra sólo el 7% presentó denuncia, el resto, esto es el 93%, no lo hicieron por temor a represalias de los asesinos o por desconfianza en los entes de justicia y en las autoridades del orden público.
Respecto a las causas que han motivado esta ola de violencia, no se muestran claras. Se especula que guardarían relación con el tráfico de gasolina blanca –éter de petróleo- madera y la presencia de grupos armados ilegales, a los que se les adjudica la llamada “limpieza social”.
Las víctimas, en su mayoría son indígenas, campesinos, funcionarios públicos, vendedores, prostitutas, vigilantes, petroleros, abogados y policías del sector.
Es frente a este escenario, que la directora adjunta del Programa Regional para América latina de Amnistía Internacional, exigió a la ministra de RR.EE., María Fernanda Espinosa, que garantice el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
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