La consejera de Administraciones Públicas, Llanos Castellanos, presidió la firma de un acuerdo de colaboración por el que la Junta de Comunidades se adhiere al convenio, ya existente desde 2004 entre el CGPJ y la Universidad de Castilla-la Mancha. El objetivo del convenio es especializar a jueces y magistrados en materia de Salud Laboral y Seguridad Social.
Con este acuerdo, según la titular de Administraciones Públicas, se quiere que los castellanomanchegos dispongan de jueces y magisrados "más capacitados y especializados en materias que algunas veces exceden su formación jurídica genérica", y que por tanto requieren de una continua labor de actualización. Según Castellanos, la consejería ya colaboró en 2006 en el desarrollo de un Curso de Especialización en Prestación del Desempleo, y que ahora "ha cristalizado" en este convenio, comentó.
Llanos Castellanos destacó la existencia de una Comisión de Seguimiento, dentro del convenio que planifica las actividades a impartir, de modo que las tres partes tengan posibilidad de adecuar la formación a la aparición de temas coyunturales o de interés social.
Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Salinas, afirmó que se trata de uno de los convenios "más importantes" en materia de formación suscritos por el Consejo, ya que pretende vincular a los jueces "a la realidad social" en materia de Derecho del Trabajo, un campo en el que "Castilla-la Mancha ha adquirido mucha importancia en los últimos años", agregó, y donde Albacete y Ciudad Real "son referencias" a nivel nacional e internacional.
Por parte de la Universidad de Castilla-la Mancha, el catedrático de Derecho del Trabajo, Antonio Baylos, subrayó la "intensa y prolongada" colaboración de la consejería de Administraciones Públicas con la institución académica, "siempre dispuesta a incentivar y fomentar nuestros proyectos", manifestó.
En el acto de la firma de este convenio estuvieron presentes también la vocal territorial de Castilla-la Mancha en el CGPJ, María Angeles García; el letrado del Consejo General, Carlos Uribe, y el director general de Justicia, Miguel Marcos.
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