En el escrito que la fiscal asignada al proceso, María Jesús Cañadas Lorenzo, ha dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) se pide por ello la estimación del recurso del sindicato. Según dice, al "carecer de motivación suficiente", el decreto por el que se incrementaron los servicios mínimos "lesiona el derecho de huelga" de la organización sindical.
El Sindicato Médico de Cantabria remitió hoy a los medios de comunicación ese escrito de la fiscal, fechado el pasado 9 de marzo, en el que se recuerda que la "autoridad gubernativa", en este caso el Gobierno de Cantabria, que fue el que aprobó el decreto, tiene "el deber de explicar las razones que, a su juicio, legitiman" mantener en marcha un servicio en una situación de huelga, así como "los criterios seguidos para fijar el nivel" de los servicios mínimos.
Sin embargo, la fiscal asegura que el decreto que entró en vigor el 22 de marzo (una semana después del inicio de la huelga indefinida), aumentando los servicios mínimos establecidos en dos decretos previos, expone "como única motivación el transcurso de las jornadas de huelga" y su carácter indefinido.
El Gobierno aseguraba en su decreto que el carácter indefinido de la protesta y el paso de los días "aconsejaba la ampliación de los servicios mínimos" para hacer "compatible el ejercicio de la huelga con la atención sanitaria de carácter esencial".
Pero para la Fiscalía no es suficiente argumento, porque ya en los dos decretos previos de servicios mínimos se conocía el carácter indefinido de la huelga y se tenía en cuenta a la hora de establecer los mínimos.
El Sindicato Médico recuerda en un comunicado que la organización recurrió este decreto al entender que era "abusivo e ilegal" y para pedir la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
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