En su conclusión Quinta, el informe, firmado por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, y remitido al ministro de Justicia, Manuel Fernández Bermejo, y a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, es taxativo: “En relación con los actos juridiscionales que pueda realizar en el futuro la Sala del artículo 61 de la LOPJ, si persiste y no se subsana la irregularidad jurídica cometida en su composición, se entiende que los mismos quedarían viciados y serían jurídicamente atacables con graves consecuencias dadas las competencias que sobre el ejercicio de algunos derechos fundamentales ejerce la citada sala”.
Informe al CGPJ
Evidentemente, se está advirtiendo al presidente de la Sala del 61, Francisco José Hernando, que preside también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, que se abstenga de enjuiciar las listas que Batasuna presente en los comicios del 20 de mayo. La sala del 61 está formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas, de modo que se renueva cada vez que hay un nombramiento, entrando en ella el último magistrado en ser designado para su cargo.
Este mismo miércoles, la Sala del 61 del Tribunal Supremo acordó por unanimidad solicitar a los Servicios Técnicos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe "sobre la adecuación al ordenamiento jurídico" del escalafón que se siguió cuando se determinó que Antonio Salas era el magistrado más moderno de la Sala Civil y por tanto que debía entrar él a formar parte de la Sala Especial de la que depende la ilegalización de partidos.
La minoría progresista denunció hace unos días una supuesta maniobra de su presidente, Francisco José Hernando, para dar entrada en ella a un magistrado conservador cuando le correspondía a otro progresista. Según el informe hecho público este viernes, "en relación con los actos jurisdiccionales que pueda realizar en el futuro la sala (...), si persiste y no se subsana la irregularidad jurídica cometida en su composición, se entiende que los mismos quedarían viciados y serían jurídicamente atacables (...)".
Soluciones
La Abogacía del Estado propone dos soluciones para corregir el error detectado. Una consiste en considerar que "la irregular constitución" derivó de un acto administrativo que dispuso indebidamente el escalafonamiento de Antonio Salas y de Encarnación Roca; como su subsanación beneficia al primero y perjudica a la última, su revisión de oficio se debería hacer según lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que ambos afectados den su conformidad.
La otra propuesta consiste en concluir que no deriva de un acto formal, sino meramente material, consistente en la convocatoria que se hace de cada magistrado cada vez que hay una reunión, bastando en este caso con que en las próximas sesiones de la Sala del 61 se cite a Roca en vez de a Salas.
Ahora mismo la revisión del escalafonamiento de la Sala Primera del Supremo se puede producir por tres vías. Si así lo concluye el informe encargado por la Sala del 61 a los Servicios Técnicos del Consejo, en el que se solicitaba concretar si se había realizado correctamente; por medio de la propuesta de los vocales de la minoría del Consejo que han pedido que el Pleno lo revise de oficio; y si alguno de los afectados (Salas o Roca) dicen no estar de acuerdo con los últimos datos del escalafón publicados, cuyo orden provisional se conoció el pasado día 5.
Si (
No(
