Incertidumbre

Delinear los escenarios probables para la Argentina postelectoral no es sencillo. No lo es, fundamentalmente, porque, en esta oportunidad, se combinan tres factores que contienen un alto grado de incertidumbre.
  
El primero, el resultado de la elección en sí, que dará forma al contexto político de los dos años previos a la elección presidencial del 2011. El segundo, derivado de la evolución de la situación internacional, teniendo en cuenta que no hay antecedentes de una crisis global tan intensa, y con una economía argentina con tan alta participación del sector externo en el PBI. El tercero y, seguramente, el más difícil de modelar, el grado de “libertad” con el que la facción del peronismo que hoy gobierna ejerce sus acciones de política económica.
  
Empiezo por este último aspecto. Los anteriores gobiernos de la democracia argentina, más allá de los condicionamientos que surgen de la realidad local e internacional, tenían mucho más marcados sus límites instrumentales, tanto por sus condicionamientos ideológicos, como  por el tipo de formación intelectual de sus principales actores.  El kirchnerismo, en cambio, ha roto con esta regla básica de los supuestos con que se trabaja para elaborar escenarios alternativos posibles. La actual gestión económica se caracteriza, en general,  por la improvisación, los conflictos inexplicables, los anuncios sin contenido, y, fundamentalmente, las negociaciones discrecionales y la ausencia de restricciones institucionales. Bajo este gobierno “todo es posible”.
  
Enfrentar al FMI o acordar un nuevo préstamo. Cancelar anticipadamente deuda pública no vencida o defaultear. Subsidiar consumos energéticos, o incrementar los precios respectivos 400%. Usar fondos públicos para alentar el consumo privado o “secar” al sistema financiero de crédito disponible para dicho sector. Profundizar heterodoxias o girar a la ortodoxia. Todo es verosímil, aunque predominen instrumentos ciertamente heterodoxos y estatistas.
  
Está claro que este marco sin marco, le agrega una seria dificultad a cualquier intento de pensar la economía postelectoral. A ello hay que sumarle, como se expresara, el primer factor: con qué margen de poder propio y cuánto se verá obligado a negociar el gobierno después del 28 de junio, cuando quede más clara la interna peronista con vistas al 2011. Y el segundo factor, también clave en esta historia, cuánto durará, qué profundidad tendrá, y cómo afectará los términos del intercambio y el volumen de comercio, la actual crisis recesiva global.
 
Respecto de este último punto, téngase en cuenta que el promedio de “apertura” de la economía  (medido como la suma de exportaciones e importaciones respecto del PBI), que en la Argentina de los 80, 90, oscilaba entre un 15 y un 20%, se duplicó en los últimos años, con una participación del sector externo en el PBI superior al 40%. Y que la mayoría de los análisis, aún los optimistas expresan una recuperación lenta del comercio mundial, lejos de sus récords de años anteriores.
  
Pero más allá de las especulaciones en torno a estos tres factores de incertidumbre, lo que es seguro es que habrá cuestiones ineludibles a enfrentar durante el segundo semestre del año.
  
El primero, el deterioro fiscal. En efecto, en el nivel federal, los ingresos están creciendo a un ritmo del 15% anual y los gastos casi al doble. Las provincias, en general, y la Provincia de Buenos Aires en particular, presentan dificultades financieras crecientes, dada la dramática desaceleración de los ingresos coparticipados, y la imposibilidad de ajustar el gasto salarial a la nueva situación de ingresos. De manera que la política de ingresos y gastos públicos deberá modificarse drásticamente. El abanico de instrumentos disponibles gira en torno a que las provincias estén dispuestas a emitir deuda “forzosa” con cuasimonedas, o el gobierno federal decida usar unos 7000/8000 millones de dólares de reservas del Banco Central o, alternativamente, defaultear o canjear forzosa o voluntariamente, parte de los vencimientos de deuda del resto del año, o intentar un  acuerdo con el FMI. Lo que está claro es que no habrá piloto automático en materia fiscal y de deuda pública.
  
La segunda cuestión, surge del sector externo que define, como se ha dicho, gran parte del nivel de actividad interno.  El menor volumen de comercio, los menores precios de exportación, y las menores cantidades producidas, por clima, por rentabilidad, y por barbaridades de políticas, hace que la Argentina sea más “pobre” en términos de dólares de lo que era en el 2008. El tipo de cambio real ha caído. Todavía se mantiene elevado, pero es claramente menor que el observado en el último bienio. En ese contexto, aparecerá en escena la alternativa de un aumento más brusco del tipo de cambio nominal, para mejorar los ingresos de los exportadores y de los sustitutos de exportaciones. Y la “tentación” de solucionar los problemas fiscales, ya mencionados, con una devaluación que mejore los ingresos públicos provenientes de los impuestos al comercio exterior. La política cambiaria y su traslado a la política antiinflacionaria y de controles de precios e índices del gobierno, será parte también, entonces, del escenario postelectoral.
 
A su vez, el eventual uso de las reservas del Banco Central, para administrar el valor del dólar y atender los mencionados compromisos fiscales,  afectará  el mercado monetario operando sobre la oferta y la demanda de dinero y de crédito y sobre la tasa de interés. Tampoco aquí habrá posibilidad de seguir como hasta ahora.
  
Por lo tanto, la Argentina del segundo semestre del 2009 exigirá definiciones claras en materia de política fiscal, cambiaria, monetaria y de deuda pública. Definiciones que dependerán, más allá del contexto global, del margen de maniobra y negociación que le quede al gobierno, para enfrentar sus dos últimos años de mandato.
  
El sector privado, entonces, deberá evaluar, pensando en el día después de mañana, las consecuencias micro, de esas diferentes definiciones macro que surgirán a partir del 29 de junio. En especial, las derivadas de los cambios en la política fiscal y, eventualmente, cambiaria. Y en las consecuencias, sobre la dolarización de los portafolios de una transición política compleja