Tres años han sido necesarios para que el Gobierno de Zapatero cumpliera dos de sus más conflictivas propuestas electorales: cambiar el régimen disciplinario de la Guardia Civil y permitir a los ‘picoletos’ que puedan tener asociaciones realmente representativas en el Cuerpo. Parece mucho tiempo, cuando ese mismo Gobierno ha arrostrado una serie de cambios revolucionarios, y por lo mismo polémicos, en el Estado español. Pero habría que decir en este punto que es la primera vez que un Gobierno se atreve a meter mano en ese Cuerpo de fajines y cornetas.
Ha habido un tanto de osadía, es innegable, y muchos ratos de negociaciones bajo cuerda -y hasta de tragar sapos y culebras- para no tomar decisiones drásticas, tajantes, que debieron pensar los socialistas que sólo llevarían a una crispación aún mayor en un Cuerpo ya bastante crispado. Pero, claro, de tanto marear la perdiz han llegado al final a una componenda que no agrada especialmente ni a unos ni a otros.
Sin embargo, tras el aplauso por la innegable valentía, la crítica por la forma utilizada y el fondo al que se ha llegado. En cuanto a lo primero, la forma, el PSOE ha vuelto a dar pruebas de un determinado sectarismo excluyente que no beneficia en nada a la imagen del importante cambio que se ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros.
Empezaron bien, allá a principios de 2005, sentando en una misma mesa a las asociaciones más representativas del Cuerpo. Pero han acabado negociando sólo con dos: la mayoritaria AUGC –que fue la que le echó el órdago el 20 de enero y cuyo aún máximo dirigente, Perpinyà, llegó a declarar que él mandaba más que un general de la Guardia Civil- y la minoritaria Unión de Guardias Civiles (UGC), que parece que puede convertirse en correa de transmisión del sindicato UGT.
La intencionalidad política del diputado Antonio Hernando, del secretario de Estado Justo Zambrana y del propio Gobierno, en definitiva, es evidente al dejar fuera a otras asociaciones que, si bien son también minoritarias en el Cuerpo, hubieran dado un carácter plural al Ministerio que aún dirige el señor Pérez Rubalcaba. Y hablamos tanto de la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC, gente toda en activo, menos uno, y gente seria) como de la propia Unión de Oficiales, amén de muchas otras.
En cuanto a lo segundo, el fondo, los socialistas no han podido sustraerse a ese digamos ‘embrujo’ -por decirlo muy suavemente- que tienen los generales, y más los de la Guardia Civil. Es cierto que los titulares de Defensa, Alonso, e Interior, Rubalcaba, han tenido que hacer auténtico encaje de bolillos para que el generalato conserve incólumes sus fajines y se siga distrayendo con su música de cornetas con tal de que admita determinados cambios en los derechos de los guardias sin sentirse amantes burlados.
Ahí está la pega, o una de ellas: primero, en que la aplicación del Código Militar sigue vigente en misiones en el exterior, pero también en algunas circunstancias en el interior de España, tales como en los servicios de cuartel. Ni AUGC ni UGC han conseguido la exclusión total, pero justo es reconocer que se ha avanzado mucho.
El otro quid de la cuestión se halla en la representatividad y en la proporcionalidad. Veamos: se va a crear un Consejo de la Guardia Civil igual que existe lo propio en el Cuerpo Nacional de Policía; un Consejo elegido en comicios específicos, pero con una representación predeterminada. En el proyecto gubernamental, la proporcionalidad del mando es desmesurada. Se trata, a juicio de algunas asociaciones, de que “lo que los generales no consigan con el ordeno y mando lo hagan por la vía del Consejo”. Bueno, serán generales, pero no son tontos.
Si (
No(
