Comedia de enredo en Caja Madrid

El anuncio de un esperpéntico recurso del gobierno del Estado nada menos que al Tribunal Constitucional contra la reforma legal impulsada por el gobierno de la Comunidad de Madrid en Caja Madrid –a pesar de los políticos, todavía la cuarta entidad financiera española– es la culminación de una asombrosa e irresponsable competencia de despropósitos entre tirios y troyanos. Casi nadie ha estado fino en esta larga historia de ambiciones personales, con Miguel Blesa e Ignacio González como iniciales protagonistas y la posterior salida al cuadrilátero de casi todos: Esperanza Aguirre, Ruiz-Gallardón, Pepe Blanco… y un meritorio pero insuficiente intento de Mariano Rajoy por suavizar el conflicto y devolver el asunto a espacios negociables de racionalidad.

Es preciso reconocer, incluso por quienes estamos convencidos de que al gobierno de la Comunidad de Madrid corresponde naturalmente llevar la iniciativa en todo este proceso, que la decisión de recortar la representación del Ayuntamiento de la capital, en inevitable beneficio correlativo de otros Ayuntamientos de importancia infinitamente menor y sin otros méritos conocidos que la disciplinada alineación de sus dirigentes –muy discutidos por cierto y no por causas menores, en sus respectivos municipios– con el vicepresidente Ignacio González, parece no ya difícil, sino imposible de justificar en términos de legalidad, de racionalidad económica y de racionalidad democrática.

Como nadie sensato piensa que Miguel Blesa pueda seguir en el cargo por mucho más tiempo, y habida cuenta de la importancia real y simbólica de la entidad financiera, máxime en los azarosos tiempos de crisis que vivimos, y como sería por lo menos difícil hacer digerir a los mercados y a la opinión pública el salto sin red del político Ignacio González a la ambicionada presidencia de Caja Madrid, alguien con buen sentido pensó en hacer, a nivel autonómico, lo que todos sabemos que sería deseable a nivel del Estado, esto es, un acuerdo transversal de los dos grandes partidos, PP y PSOE, con reglas de fácil sentido común: mayorías estables y confortables en los órganos de la Caja, la presidencia para el partido en el gobierno y la vicepresidencia para el otro, y todo ello aliñado con nombres no conflictivos y profesionalmente respetados.

Hubo muchas conversaciones a todos los niveles. Sonaron nombres de tanto prestigio profesional e innegable capacidad como Manuel Pizarro, Luis de Guindos e incluso nada menos que Rodrigo Rato, aunque este último parece difícil que se sintiera inclinado a aceptar un eventual ofrecimiento. Cualquiera de ellos hubiera representado un salto cualitativo extraordinario que se necesita mucho ante las condiciones en que Miguel Blesa –un hombre amable, quizá competente en lo suyo, que es la fiscalidad, pero con ambiciones personales inquietantes y poco justificadas y que han disparado varias señales de alerta– tiene este vital instrumento financiero de la Comunidad de Madrid.

Aunque con Pepe Blanco nunca se sabe si sube o baja por la escalera, viene o se va por el pasillo, se llegó a creer posible un acuerdo con dos nombres ante los que no cabe recelo alguno y que hubieran sido una fortuna para Madrid y para los usuarios de Caja Madrid: el popular moderado Luis de Guindos para la presidencia y el socialista moderado Jordi Sevilla para la vicepresidencia. Realmente parecía como para echar las campanas al vuelo, pero finalmente el perseguido acuerdo, hay quienes dicen que poco del gusto de los despachos de la Casa de Correos, se frustró en un despacho de Ferraz, aunque haya todavía algunos que no dan por imposible su resurrección.

Saltaron luego otros nombres, a medio camino entre el rumor y la noticia, y se supo que, en términos simbólicos, Miguel Blesa se había encadenado al sillón presidencial y había hecho desaparecer la llave del candado. Su obsesión de monopolizar las negociaciones entre Iberia y British Airways, por ejemplo, no es inocente y habrá que explicarla punto por punto en su debido momento.

Cierto que hay que entender que Blesa no se siente deudor político de los actuales dirigentes del PP, ya que llegó al cargo por una decisión muy personal de su amigo José María Aznar, instrumentada con los mimbres del famoso pacto entre Aznar y el entonces líder de Izquierda Unida, el astuto y maniobrero comunista Julio Anguita. El papel jugado por los sindicatos en esta comedia de enredo ha sido manifiestamente mejorable y nítidamente contrario a los principios éticos, pero cabe suponer que intensamente compensado.

No cabe escandalizarse demasiado de que el PSOE, a través del Gobierno, intente utilizar el enrevesado y largo affaire del relevo en la cúpula de la entidad financiera para desgastar al PP, pero Ferraz no está jugando limpio con algo tan serio para los intereses de todos los madrileños, de derechas y de izquierdas, como es CajaMadrid.

Es natural que los socialistas quieran sacar partido de la guerra civil interna del PP, incluso que echen una manita al líder que consideran más próximo, o más manejable, esto es, al alcalde Ruiz-Gallardón, cuya proclividad por cierto a las obras faraónicas de rara tramitación aconsejaría cierta distancia respecto a los cargos y órganos directivos de CajaMadrid. Pero echarse atrás de un acuerdo que parecía tan razonable y añadir ahora la agresiva cuña del recurso de inconstitucionalidad contra una disposición legal del gobierno de la Comunidad de Madrid, es algo que debe ser valorado por los madrileños. 

¿Y qué sucederá al final del final de esta ya excesivamente prolongada comedia de enredo financiero? Por difícil que ahora parezca, tras el poco sensato –no llegaré a decir que irresponsable– petardazo del recurso ante el Tribunal Constitucional, me atrevo a pronosticar que prevalecerán el buen sentido y el interés colectivo, es decir, que más temprano que tarde habrá, si no acuerdo, por lo menos consenso entre las direcciones del PP y del PSOE para una fórmula sensata, cuyos términos serían bastante fáciles de precisar y redactar, que salvaguarde lo que debe importarnos, esto es, la estabilidad y buena gestión de algo financieramente tan valioso para Madrid y para los madrileños como es CajaMadrid, conviene recordar de nuevo que nada menos que la cuarta entidad financiera española. Para estas cosas, es verdad que en Rajoy se puede confiar, pero el líder del PP tendrá que hacer dos cosas difíciles: poner orden en su propio partido, por cierto, en la Comunidad que es más emblemática para el PP, y elegir el interlocutor idóneo y fiable al otro lado del Hemiciclo del Congreso, cosa esta última que entraña algunas dificultades.