Ofensiva

El gran reto de la sociedad es fijar posición y detener las violaciones a nuestra Carta Magna

Durante la última década hemos presenciado cómo nuestra patria ha sido virtualmente secuestrada por una especie de huracán destructor errático en su devenir y carente de toda racionalidad. Esta es una verdad a medias, pues si hay algo que caracteriza al régimen que hoy nos gobierna es precisamente la premeditación y la alevosía con las cuales ejecuta la implantación de un sistema totalitario en el país. Este plan se acelera o reduce su velocidad dependiendo del apoyo que le brinden factores internos y de la coherencia y fortaleza que presenten las acciones de quienes hoy le hacemos oposición. El escenario puede ser global, regional o local, el elemento común de la estrategia totalitaria no se detiene.

En momentos de adversidad se acude a la demagogia o se apela a las cualidades histriónicas del líder para ganar tiempo y avanzar, luego de la tormenta arremete contra todo a su paso. Es por ello que después de la votación engañosa del 15 de febrero se puso en marcha un plan contra importantes actores del sector privado de la economía, específicamente del sector agroalimentario, luego vendrán otras víctimas.

Desconociendo la voluntad popular expresada contundentemente el 2 de diciembre de 2007 y el 23 de noviembre de 2008, se impondrá la muy cacareada "nueva geometría del poder". Esto no es más que la desautorización total de gobernadores y alcaldes, quienes de ahora en adelante, de concretarse esta medida según los deseos del jefe, ejercerán como de mirones de palo.

El gran reto de la sociedad venezolana, bien sea, gremios sindicales, grupos de profesionales, organizaciones estudiantiles y sectores institucionales de la Fuerza Armada Nacional, entre otros, es fijar posición y detener las sucesivas violaciones a nuestra Carta Magna. Cada uno de nosotros tiene ese deber ciudadano desde el espacio que le corresponda.

El artículo 333 de nuestra Constitución señala: "Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por un acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano o ciudadana investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia". Este es un mandato que debemos asumir.

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