"Quien contamina paga, y además reparará en su integridad los daños al medio ambiente y se devolverán los recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes del daño", explicó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Para asegurar que las empresas disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a su responsabilidad, la ley les exige que cuenten con una garantía financiera, que se introducirá de forma gradual a partir del 2010. Narbona destacó que la futura ley pone el énfasis en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, el cual no se verá satisfecho con una mera indemnización dineraria y en la necesidad de que las empresas internalicen los costes asociados a los riesgos medioambientales inherentes a las actividades que desarrollan.
Con ello se quiere evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos, como viene ocurriendo en muchas ocasiones hasta la fecha. A título de ejemplo, sólo el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente ha afrontado a lo largo de los últimos siete años gastos de reparación ambiental cercanos a los 183 millones de euros, de los que 113 millones son atribuibles a la descontaminación de suelos, según fuentes oficiales.
En las actuaciones relacionadas con el vertido de Aznalcóllar se invirtieron, por ejemplo, adicionalmente, más de 75 millones de euros para reparar los daños ocasionados por una empresa minera. La inversión prevista para llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación de las aguas del embalse de Flix, a las que han ido a parar vertidos de sustancias altamente contaminantes procedentes de industrias electroquímicas, será de otros 155 millones de euros.
Junto a la reparación efectiva del daño, se persigue reforzar el principio de "prevención" para evitar que los daños medioambientales lleguen a producirse. Para ello, obliga a los operadores de las actividades económicas y profesionales a que adopten todas las medidas de prevención que resulten necesarias ante un supuesto de amenaza de daño al medio ambiente.
La Ley afectará, aproximadamente, a más de cinco mil instalaciones industriales, a unas treinta mil empresas de transporte de mercancías peligrosas y a casi un millón de explotaciones agrarias. Se prevé que el coste de la Ley sea de aproximadamente unos cien millones de euros anuales. La obligación de prevenir y evitar daños medioambientales se generaliza al conjunto de operadores económicos y profesionales.
Otro de los aspectos más novedosos y sobresalientes de la Ley es el carácter ilimitado de la responsabilidad medio ambiental. Como principio, la Ley obliga a reparar los daños al medio ambiente en su integridad, devolviendo los recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes del daño, y ello con independencia de cuál sea la cuantía económica a la que ascienda dicha reparación.
Para garantizar la eficacia de la Ley y asegurar que los operadores disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a estas obligaciones legales, la Ley les exige que cuenten con una garantía financiera con la que cubrir la responsabilidad medioambiental en la que puedan incurrir. La evaluación del daño potencial se efectuará mediante una metodología pionera en el ámbito de la Unión Europea, que actualmente está en fase de estudios técnicos y pruebas piloto, y se concretará a través de desarrollo reglamentario.
Prestige no, Boliden sí
En función de la evaluación del daño potencial, se establecen una serie de umbrales para graduar la exigencia de garantía financiera:
Por debajo del umbral de trescientos mil euros, los operadores quedan exentos de esta exigencia. Entre trescientos mil euros y dos millones de euros los operadores podrán optar entre suscribir la garantía financiera o adherirse al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales.
Por encima del umbral de dos millones de euros, se exigirá siempre la garantía financiera. La garantía puede adoptar la forma de seguro, de aval bancario y/o de reserva técnica, y debe estar vigente durante el todo el tiempo que dure la actividad. Esta parte de la norma tendrá efectos a partir del 30 de abril de 2010 de forma gradual, con el fin de asegurar que el mercado se encuentre en situación de ofrecer tales garantías.
A preguntas de los periodistas, Narbona quiso desligar el efecto que la nueva ley tendría en diferentes casos de recientes catástrofes naturales provocadas por la actividad humana. Asi, explicó que la catástrofe del Prestige se sitúa fuera de su objeto, en el ámbito del transporte marítimo de mercancias peligrosas, regulado por acuerdos internacionales que --a su juicio-- deberían incrementar su nivel de exigencia.
Sin embargo, afirmó que en el caso de la balsa de Aznalcóllar propiedad de Boliden, la ley se aplicaría con todas sus consecuencias puesto que "la condición de tratarse de una empresa extranjera no impediría en absoluto su aplicación, que obliga a toda actividad que se realice en nuestro territorio".
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