Chicote, que este lunes presentó propuestas para combatir la corrupción urbanística, apuntó la necesidad de "acabar con la discrecionalidad extrema que las leyes atribuyen a los ayuntamientos" y que en su opinión les permite conceder un "trato de excepción" a algunos promotores. Entre las medidas propuestas por APCE destaca la revisión de "todas" las clasificaciones y calificaciones de suelo, con el objetivo de cambiar aquellas que sean "susceptibles de ser modificadas". Según los promotores, esta medida permitirá clasificar como urbanizable suelos que antes no lo eran "sólo por razones de oportunidad, pero sin justificación objetiva".
APCE también solicita la agilización de la tramitación burocrática de las licencias urbanísticas para evitar "que nadie sienta la tentación de pedir recompensa por adelantar un expediente concreto". Para mejorar la transparencia, los promotores también proponen publicar en Internet todos los informes que recaigan en los expedientes, tanto los favorables como los desfavorables, y evitar así el "secretismo tan querido por algunos funcionarios y autoridades". APCE exige asimismo que se apliquen, "con todo rigor", las leyes que sancionan las autorizaciones y licencias concedidas con infracción de reglamentos.
También propone la inclusión en el Código Penal, como delito específico, la financiación de los partidos políticos obtenida "como retribución de favores de naturaleza urbanística". APCE insta a las Asociaciones Provinciales de promotores a introducir una norma deontológica que prevea la expulsión de las empresas cuyos directivos sean condenados por delitos de corrupción".
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