En el acta a la que ha tenido acceso
Diariocrítico aparece una denuncia de los sindicatos policiales, que señalan que “
desde que se celebró la reunión control de JSP [Jefatura Superior de Policía] del día 12-11-2008 no hay día que no recibamos llamadas telefónicas de gran parte las Comisarías de Distrito, unas veces de los afiliados y otras de nuestros representantes, con quejas sobre los objetivos que ordena alcanzar a cada Unidad Policial la propia Jefatura Superior”.
Esa frase quedó pronunciada en la reunión que el pasado 18 de diciembre mantuvieron los representantes sindicales del Consejo de la Policía en Madrid con la Jefatura Superior. Una reunión –normalmente de carácter trimestral- presidida por
Juan Carlos Ortiz Argüelles, jefe de la UCOT (Unidad Central Operativa Territorial, es decir, el segundo de la Jefatura Superior de Policía de Madrid), junto al secretario general de la Jefatura Superior,
Domingo Castaño, que actuaba como asesor del presidente. Por la otra parte se encontraban los representantes sindicales.
Sin embargo, aquella era la segunda denuncia al respecto que se hacía en la Jefatura Superior: la primera se formuló en la reunión que el 17 de junio de 2008 mantuvieron los mismos representantes arriba citados.
En el capítulo de “
Objetivos” y según consta en el Acta de la reunión del 18 de diciembre, los representantes sindicales dijeron a
Ortiz Argüelles: “
En las reuniones control se imparten procedimientos operativos diferentes para cada Comisaría, según su realidad delincuencial, pero existe un denominador común en todos ellos y es el número de detenidos por infracción a la ley de extranjería que cada Dependencia tiene que conseguir. En la Comisaría de Villa de Vallecas los funcionarios deben detener al mes a 35 extranjeros, en la Comisaría de Moncloa la cifra se eleva hasta los 50”.
A lo largo de la reunión, los representantes sindicales siguen existiendo en este punto, y le dicen al ‘número dos’ de la Jefatura Superior: “
Se ordena que incluso si no hay ciudadanos extranjeros a los que detener para cumplir objetivos, abandonen el Distrito, cruzar al de enfrente y seguir con las detenciones, sin distinción alguna, valen amas de casa y trabajadores de hostelería...”.
En un momento, los representantes sindicales añaden que “
se llega a indicar que hay detenidos que estadísticamente son válidos para alcanzar el número requerido, pero a su vez ese mismo detenido extranjero no lo es para ingresarle en el CIE [Centro de Internamiento de Extranjeros], trascendiendo el hecho de que da lo mismo el objetivo que persigue con la detención de un extranjero (que no es otra cosa que su expulsión) con tal de cubrir la estadística (que es lo que importa). En conclusión, se está dejando a un lado lo que verdaderamente es el trabajo policial, la seguridad ciudadana, la presencia de la policía en la calle, una respuesta rápida cuando un ciudadano llama a la Policía, que en estos momentos queda mermada porque los funcionarios están a otra cosa”.
Y aún añadieron en esa misma reunión, según consta en el acta oficial: “
Cumplir la ley el funcionario viene obligado a ello, sin embargo al Policía no se le exige que al mes tenga que llegar a detener a 10 personas por hurto, 15 por robo con violencia, a 10 por robo con fuerza, 10 por robo en interior de vehículo... sin embargo sí parece que viene obligado a detener a un número tasado de extranjeros irregulares. Solicitamos de Jefatura que imparta instrucciones claras a las Unidades para acabar con ‘la caza del extranjero irregular a los únicos efectos estadísticos’”.
La Dirección General da marcha atrás Esa instrucción que se solicitaba de la Jefatura Superior nunca llegó, hasta la denuncia pública formulada este fin de semana, a partir de la cual se ha montado un lío monumental en el Ministerio del Interior, tanto que el director general de la Policía y de la Guardia Civil,
Francisco Javier Velázquez, ha anulado una reunión que iba a tener con los representantes sindicales de la Policía.
Igualmente, y bajo orden del propio ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, Velázquez ha emitido una instrucción donde no sólo matiza la arriba denunciada, sino que, según la lectura que de la misma hacen los sindicatos, retira ya el ‘cupo’ de detención de ‘ilegales’:
“
1.- Los objetivos numéricos han demostrado reiteradamente su validez para mejorar la eficacia de la actuación policial y elevar los niveles de seguridad ciudadana. Por ello, estos objetivos numéricos se establecerán, como se viene haciendo hasta ahora, con el fin de llevar a cabo los objetivos estratégicos fijados en los distintos Planes Operativos y siempre en función de criterios delincuenciales y poblacionales; y se aplicarán específicamente en el ámbito de las infracciones penales.
“2.- En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los Planes Operativos de las diferentes unidades policiales establecerán únicamente objetivos cualitativos, atendiendo prioritariamente a la problemática delincuencial que se produzca en determinadas zonas y periodos de tiempo. En dicho ámbito, el único objetivo fijado será el cumplimiento estricto de dicha Ley Orgánica 4/2000, que se aplicará siempre de manera individualizada y atendiendo a cada caso particular.
“3.- En todo caso, los procedimientos de identificación y detención se llevarán a cabo de acuerdo con los criterios establecidos en la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial”.
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