La Fiscalía abre ‘diligencias informativas’ por las filtraciones a El País

En la respuesta de la Secretaría Técnica al PP se afirma que “el Ministerio Fiscal comparte su inquietud por esta situación y como garante de la legalidad y encargado constitucionalmente de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y de interés público, cuida especialmente se mantenga la necesaria reserva de las investigaciones judiciales, especialmente cuando sobre ellas, por sus circunstancias y previa resolución judicial motivada, pesa la declaración de secreto”.

    En el escrito, se informa que la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado procedió ese mismo martes, día 10 de febrero, a incoar Diligencias Informativas a fin de practicar las actuaciones necesarias para averiguar las circunstancias que han determinado la difusión pública de informaciones y contenidos que son objeto de investigación penal.

    Además, le dicen a Mariano Rajoy que el fiscal general del Estado ha remitido este miércoles una comunicación escrita al fiscal jefe Anticorrupción, trasladándole su confianza y pidiéndole, al tiempo, que refuercen las habituales cautelas para garantizar la confidencialidad de cuanta información y/o documentación de este procedimiento se encuentra a disposición de esa Fiscalía, así como la oportunidad de instar del órgano judicial la adopción de medidas precisas para esa finalidad.

    Por último, y respecto de la relevancia penal de los hechos narrados en el escrito del Partido Popular, la Fiscalía explica que el Juzgado Central nº 5, dirigido por Baltasar Garzón, a quien acaban de ‘pillar’ en una cacería con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, “ha iniciado una investigación” para conocer el origen de las supuestas filtraciones, por lo que no resulta oportuno en el momento presente el ejercicio de acciones ante la jurisdicción penal por parte del Ministerio Fiscal por los mismos hechos.

    En todo caso, La Fiscalía recuerda que existe la posibilidad de acudir directamente a la autoridad judicial al amparo de lo previsto en los artículos 259 y siguientes y 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.