El pasado lunes CC.OO. y UGT presentamos la campaña en defensa de los servicios públicos, que culminará en la manifestación del próximo día 22 de marzo, a las 19 horas, entre Colón y la estación de Metro de Sevilla.
La diferencia entre una sociedad moderna y la manada se encuentra en la capacidad de las sociedades humanas de garantizar la cohesión social mediante servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, los servicios sociales, los transportes o la comunicación. Debilitar los servicios públicos es sinónimo de aumento de las desigualdades e incremento de la conflictividad social al deteriorarse la cohesión social.
Antes de la llegada de Esperanza Aguirre al poder en la Comunidad de Madrid, la tendencia a privatizar la gestión de los servicios públicos se producía en base a una justificación de abaratar costes o de fomentar la cooperación de la iniciativa social o de la iniciativa privada con la iniciativa pública, preservando en todo caso el carácter subsidiario de la iniciativa privada con respecto a la pública.
Con el paso de los años hemos ido descubriendo que lo barato termina por ser caro, porque el abaratamiento de costes se realiza a costa de menores salarios, menos personal y menores derechos de los trabajadores del sector privado, unido a menores inversiones en medios materiales. El resultado es el deterioro de la calidad del servicio público, que termina siendo más caro cuando los salarios del sector privado se equiparan con los públicos y cuando se terminan pagando más caras las concesiones a la iniciativa privada. La teórica cooperación termina convirtiéndose en dependencia de los servicios públicos de las condiciones establecidas por el sector privado.
Una situación que no evita el deterioro de calidad del servicio público, ante la carencia de medidas de reforzamiento, control, inspección y evaluación de la calidad de los servicios públicos.
La llegada al poder de Esperanza Aguirre supone un giro importante a esta situación. Se produce una generalización de los procesos de privatización. Las partidas destinadas a transferir recursos al sector privado se incrementan y pesan cada vez más en el Presupuesto regional, que supera ya los 19.200 millones de euros, un vocablo tremendamente apetitoso para la iniciativa privada. Por otro lado, bajo la justificación de que el ciudadano quiere servicios sin pararse a pensar en si son prestados con medios públicos o privados, se intenta justificar que lo público se convierta en oportunidad de negocio. Todo lo público al mercado.
Detrás de esta forma de entender las políticas públicas se encuentran no sólo concepciones ideológicas ultraliberales, sino la fidelización política de los intereses empresariales. Dicho de otra manera, la ocupación de la economía convirtiéndola en dependiente de los recursos presupuestarios que, una vez hipotecados, condicionarán las posibilidades económicas y, por lo tanto, la acción política de futuros gobiernos.
Los ejemplos son infinitos. En materia educativa la práctica habitual es forzar a los ayuntamientos a ceder suelo público para construir colegios privados que nacen ya concertados. Por esta vía los presupuestos han crecido un 26,3 por ciento a lo largo de esta legislatura, mientras los conciertos privados han crecido un 60,4 por ciento. Año tras año los alumnos de la privada crecen en Madrid muy por encima de cualquier otra comunidad autónoma. Se ha alentado el nacimiento de nuevas universidades privadas, que por diferentes vías acceden a cada vez mayores recursos públicos de la Comunidad de Madrid para estudios y servicios de todo tipo. Las universidades privadas han visto crecer un 87 por ciento su alumnado frente a un retroceso del 8 por ciento en las públicas.
En materia sanitaria el número de cartillas ha crecido un 14 por ciento, mientras que los centros de atención primaria han aumentado un 3,3 por ciento y las camas hospitalarias han retrocedido un 2,2 por ciento. Los nuevos hospitales construidos con recursos privados costarán tres veces más que si hubieran sido construidos directamente desde la iniciativa pública. Las transferencias corrientes hacia el sector privado aumentan un 50 por ciento, en tanto que las inversiones públicas sólo crecen un 4 por ciento.
Las residencias públicas para mayores han visto crecer sus plazas un 1,1 por ciento, mientras las plazas privadas lo han hecho un 60,2 por ciento. Para el Gobierno del PP, el sector público se convierte en un campo de experimentación en el que el negocio se antepone a la calidad del servicio; en el que lo público pasa a ser subsidiario de los privado y no al revés.
Esta situación merece una respuesta. La manifestación convocada el próximo día 22 es el momento para situar a la sociedad y a todas las fuerzas políticas ante un reto y un compromiso claro: vivir en una sociedad moderna exige una apuesta por la igualdad que sólo se garantiza desde la existencia de servicios públicos de calidad, porque en la vida lo público es esencial.
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