La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha informad de que el Consejo de Ministros ha autorizado la desclasificación de un documento del CNI relativo a una información aportada en su día, como confidente, por el ex minero José Emilio Suárez Trashorras. El ex minero es uno de los 29 acusados en el juicio por los atentados del 11-M y para quien se solicitan 38.670 años de prisión como cooperador necesario en la masacre por presuntamente haber facilitado los explosivos a los terroristas.
De la Vega explicó que el Ejecutivo había analizado el documento cuya desclasificación demandaba la Audiencia Nacional y había comprobado que no existían "implicaciones en la seguridad nacional". Con ello, agregó, el Gobierno muestra su "absoluta disposición" para que la Justicia actúe con total independencia ante el "peor atentado" de la historia española.
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga los atentados del 11-M, dictó el pasado día 19 una providencia en la que instaba al Ministerio de Defensa a desclasificar un documento del CNI que se refiere en concreto a una información aportada por el ex minero acerca de que Jamal Ahmidan, "El Chino", uno de los presuntos autores del 11-M que se suicidaron en Leganés (Madrid), le dijo que conocía a los dos miembros de ETA detenidos en febrero de 2004 cuando transportaban hacia Madrid una furgoneta con más de 500 kilos de explosivos.
Se trata de los etarras Gorka Vidal e Irkus Badillo, quienes tendrán que declarar como testigos, junto con el histórico Henri Parot, ante el tribunal que juzga los atentados de Madrid a petición del abogado José Luis Abascal, que ejerce la defensa del presunto autor material de la masacre Jamal Zougam. La desclasificación de este informe y su inclusión en el sumario del 11-M había sido solicitada por la defensa Rafa Zouhier, para quien la fiscal Olga Sánchez pide 20 años de prisión por un delito de colaboración con organización terrorista.
En la providencia acordada por la Sala se interesaba al Gobierno "el alzamiento de la clasificación como secreto del informe solicitado, sin perjuicio que se comunique reservadamente el nombre e identificación de los funcionarios que en él aparezcan, a los que podrá otorgárseles el estatus de testigos protegidos".
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