El argumento esgrimido por los jueces del alto tribunal vasco para decidir el archivo de la causa se basa en la
denominada 'doctrina Botín' por la que el Tribunal Supremo estableció que no se podía abrir juicio oral si la promovía la acusación popular, sin que ejercieran la acción penal la Fiscalía o la acusación particular. Éste ha sido el caso en esta causa, promovida tan sólo por la acusación popular, ejercida por el Foro de Ermua y el colectivo cívico Dignidad y Justicia.
Sobre esta causa se han vertido ríos de tinta desde su inicio en la fase de instrucción hasta que el pasado jueves, 8 de enero, se sentaban por primera vez en el banquillo de los acusados el lehendakari
Ibarretxe y el resto de los encausados, entre ellos
Patxi López, al igual que Ibarretxe investido ya candidato a
lehendakari para las próximas elecciones autonómicas vascas por su partido, el PSE.
Por eso, al margen de otras muchas opiniones y análisis que se puedan hacer sobre esta decisión del TSJPV, toma relevancia la consideración de que con este fallo sobre los dos candidatos con posibilidades de ocupar la Presidencia del Gobierno vasco en la próxima legislatura ya no “pesa” la presunción de que cometieron delito alguno por reunirse con representantes de la ilegalizada Batasuna. Y a los dos, a pesar de quedar libres de toda duda penal sobre su actuación, se les ha privado de la notoriedad pública y mediática que les ha otorgado este juicio, en especial al lehendakari Ibarretxe.
También cabe resaltar que con el archivo de esta causa no se ha entrado en el fondo de la cuestión, la del derecho legítimo, o no, al diálogo con una organización declarada ilegal por su integración en la banda terrorista ETA por parte del propio Tribunal Supremo. Una cuestión que hay también que resaltar porque no hay que olvidar que, después de haber tratado de frenar el juicio durante toda la instrucción, la defensa del
lehendakari solicitó en solitario el pasado jueves que la vista oral no se paralizara y siguiera adelante para demostrar la inocencia de los procesados y la legitimidad de su actuación. Y no estaban del todo desacertados quienes interpretaron que con esta postura lo que se pretendía era buscar un fallo judicial que legalizara el diálogo con ETA. Por eso, con el archivo del caso Ibarretxe se apagan los focos de un espectáculo político y judicial abierto en plena precampaña electoral y, por otro lado, priva de un salvoconducto legal a quienes apostaron y apuestan por las vías de la negociación con ETA para seguir intentado explorar por su cuenta por tan intrincados vericuetos.
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