Luego de una sesión de gabinete que duró más de siete horas, desde las 06.00 hasta después de las 13.00, Morales cedió al pedido de organizaciones de empresarios, cívicos y autoridades del oriente boliviano, en especial del Beni, para declarar el desastre nacional.
El Mandatario dijo que la decisión fue adoptada después de haber constatado personalmente la magnitud de los desastres ocasionados por el fenómeno de El Niño en 173 municipios de los nueve departamentos.
El vocero gubernamental, Álex Contreras, señaló que el gabinete había tomado esta decisión en vista de que el 64 por ciento del territorio nacional sufrió la inclemencia del clima.
Contreras informó que 209 mil hectáreas de cultivos fueron afectadas, lo que ocasiona pérdidas por 90 millones de dólares y otros 30 millones en capitales.
En el decreto de declaratoria de desastre, que tiene el número 29040, se establece que el Ministerio de Hacienda puede utilizar hasta el 1 por ciento del gasto del Presupuesto General de la Nación (PGN).
También se faculta al Ministerio de Planificación a presentar un plan nacional de reconstrucción y rehabilitación en un plazo de 30 días con la proyección de asignación de recursos al Beni, específicamente en los municipios donde se hayan producido los mayores impactos climáticos.
Junto a la mencionada disposición, el Ejecutivo entregó otras dos normas, una de las cuales autoriza la compra de dos helicópteros multipropósito para que Defensa Civil atienda emergencias.
De esta manera, la declaratoria de desastre nacional fue aceptada por el Gobierno que, en principio, se había resistido a aplicarla, ya que un día antes Contreras anunció que se estaba definiendo un alcance provincial y regional para la medida, lo que desató críticas desde el ámbito político y empresarial del oriente del país.
Empero, Evo dejó en suspenso y sin fecha de promulgación la Ley de Emergencias Departamentales y ratificó el decreto emitido el 21 de febrero, que señala que las prefecturas pueden utilizar hasta el 1 por ciento de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
La llamada “ley corta” sancionada por el Congreso Nacional contraviene esta disposición al sostener que los prefectos y alcaldes pueden utilizar los recursos del IDH sin restricción alguna y efectuar compras directas.
Sobre el asunto, Contreras señaló que la mencionada norma no fue tratada en la reunión de ministros y tampoco supo decir cuándo será promulgada.
El vocero indicó que el decreto que autoriza a las prefecturas y municipios a gastar el 1 por ciento de sus presupuestos es suficiente y “no se puede dar uso irrestricto” por los desastres, aunque anunció que el Ejecutivo continuará analizando ese proyecto de ley en los siguientes días. El Presidente, según la Constitución, tiene 10 días de plazo, desde que el Congreso Nacional apruebe la norma, para promulgarla o devolverla al Legislativo si es que hubiera hecho observaciones o la vetase. Si pasado ese plazo el Poder Ejecutivo no se pronuncia, la ley automáticamente entra en
vigencia.
Ganaderos desamparados
El tercer decreto lanzado por el Gobierno levantó otra ola de cuestionamientos, ya que dispone la reprogramación de deudas de hasta 10 mil dólares para pequeños agroproductores que hayan contraído este compromiso con el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif). La norma ordena la reprogramación a 20 años con seis de gracia.
Los grandes ganaderos y agroproductores no se beneficiarán con esta norma porque los préstamos que contrataron de las entidades bancarias superan los 10 mil dólares. Contreras señaló que el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario elabora un plan para ayudarlos y suspenderá la aplicación de Ley INRA hasta que pase la crisis.
Al respecto, el senador de Podemos, Wálter Guiteras, afirmó que esta medida es discriminatoria porque el Ejecutivo busca favorecer sólo a los pequeños agricultores y no a los ganaderos.
El 1 por ciento del PGN y el IDH asciende a 3,02 millones de dólares
La declaratoria de zona de desastre nacional, ante la magnitud de los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño, permite el desembolso del 1 por ciento del Presupuesto General de la Nación (PGN) para encarar tareas de emergencia.
Adicionalmente, el Gobierno ratificó la utilización del 1 por ciento de los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el mismo fin. Según un cálculo gubernamental hecho con datos del PGN 2007, a partir de esa decisión las prefecturas y municipios canalizarán hacia la atención de las emergencias humanitarias 24,2 millones de bolivianos, equivalentes a 3.020.850,20 dólares.
Para esta gestión se tiene programada una proyección de ingresos por IDH de 3.900 millones de bolivianos. El 1 por ciento de este monto asciende aproximadamente a 3,9 millones de bolivianos. El manejo de recursos económicos en caso de desastres está previsto en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. La norma prevé que “los gastos destinados a estos fines no excederán al 1 por ciento de egresos autorizados por el PGN”.
De acuerdo con fuentes oficiales, para calcular el 1 por ciento del Presupuesto General, que se utilizará en este caso, se considerarán los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), de las prefecturas y de los municipios.
El TGN tiene este año una asignación de 34.289.826.305 bolivianos, cuyo 1 por ciento es de unos 3,4 millones de bolivianos. El presupuesto de las prefecturas llega a 12.055.652.886 bolivianos, por lo que destinarán poco más de 12 millones de bolivianos para la atención de los desastres.
Los gobiernos municipales cuentan con una partida global de 4.737.554.680 bolivianos. De este monto canalizarán a la emergencia 4,7 millones de bolivianos. La Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda fiscalizarán el adecuado uso de estos fondos.
Prefectos aceptan las medidas del Ejecutivo a regañadientes
Sorprendidos, así quedaron los prefectos del país cuando ayer en Santa Cruz el presidente Evo Morales les presentó el decreto supremo que declara situación de desastre nacional en todo el país, dijo la principal autoridad política de La Paz, José Luis Paredes, después de la reunión cumplida ayer en la capital oriental.
El encuentro fue protagonizado por siete prefectos titulares, el interino de Santa Cruz, un representante de Tarija, los alcaldes de las capitales tarijeña y cruceña, así como el Mandatario, el vicepresidente Álvaro García Linera y siete ministros, entre ellos los de Defensa, Justicia, Educación y Hacienda.
Paredes explicó que la norma es contradictoria, pues considera municipios afectados a los que, supuestamente, estaban consignados en un anexo a la mencionada disposición, pero nunca fue mostrado a los asistentes al encuentro nacional ni se dio a conocer el monto que, con base en este decreto, serán puestos a disposición de los damnificados, la proporción que corresponderá a cada municipio ni quién ni cómo se administrarán estos recursos. “Todo se está dejando a las disposiciones que contendrá el mencionado plan de reconstrucción”.
Rolando Aguilera, de Santa Cruz, afirmó que “no hemos quedado satisfechos porque limita a un anexo la cantidad de municipios que se verán beneficiados, un anexo que no se conoció, por lo tanto se desconoce el alcance de este decreto”.
A su turno, Paredes refirió que “en determinado momento se habló de 143, de 150 y hasta de 173, pero nadie pudo precisar la cantidad exacta de afectados”.
Finalmente, se conformó un equipo técnico que no solamente revisará o actualizará la relación de secciones municipales dañadas, sino que elaborará, en el término de 30 días, el plan de reconstrucción, a cuyo cargo quedó la misión de conformar el listado definitivo de municipios perjudicados por los fenómenos climatológicos que afectan al 64 por ciento del territorio nacional.
Las regiones
La Paz es el departamento con más municipios afectados: 31 por heladas, granizo y sequía.
Beni tiene 12 municipios dañados por inundaciones y Pando, seis por la misma causa.
Santa Cruz presenta 28 municipios con problemas por la crecida de los ríos.
Potosí tiene dificultades en 25 secciones municipales; Chuquisaca en 22 y Oruro en 21.
Cochabamba sufre complicaciones en 17 de sus municipios, todas por riadas.
Los ríos se desbordaron en 11 municipios del departamento de Tarija.
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