Hace ya bastante tiempo que, desde varios sectores de la sociedad, se apela a la necesidad de adoptar algunas reformas estructurales en materia de política económica. Esta necesidad se ha convertido en imprescindible e inminente porque no sólo el crecimiento de la economía española se sitúa ya muy por debajo de su potencial sino que, además, se espera una aceleración en el ritmo de destrucción de empleo, con una tasa de desempleo que superará con creces los niveles actuales. La crisis financiera internacional, el estancamiento o la probable recesión de Francia y Alemania y la falta de competitividad de la economía española son tres factores que exigen un cambio en el modelo de crecimiento económico cuya consecución no puede alcanzarse si no se transforma el mercado de trabajo, se introduce competencia en algunos sectores económicos y se reduce la presión fiscal que ahoga las inversiones empresariales.
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Otro de los puntos a tener en cuenta son las rigideces que continúan caracterizando la contratación y el despido laboral en España. Por ello, la flexibilización del mercado de trabajo obliga a reducir las altas indemnizaciones pagadas por los despidos y la aplicación de cláusulas que recojan la posibilidad de admitir el despido procedente por motivos económicos con el fin de facilitar el ajuste requerido por las necesidades de producción.
Las medidas fiscales para reactivar las economías probablemente no van a tener un efecto significativo, y mucho menos duradero, sobre la actividad económica en general o sobre la de un sector determinado en particular. Según diversos análisis econométricos, los efectos de un programa fiscal anticíclico pueden ser positivos, pero serían muy modestos, sobre todo en comparación con los efectos de los estabilizadores automáticos incorporados en los Presupuestos estatales. El problema fundamental es que tales programas no se aplican con la suficiente rapidez, dados los necesarios procedimientos parlamentarios y administrativos.
Para terminar, entre las reformas a realizar, también habría que bajar las Cotizaciones Sociales, sobre todo las que corren a cargo del empleador, y del Impuesto sobre Sociedades. Además, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio debería extenderse al de Sucesiones y Donaciones por ser este el tributo que más exceso de gravamen provoca en relación con el nivel de ingresos públicos. Así, siguiendo estas reformas, se podría salir de esta crisis económica.
Juan E. Iranzo
Director General del IEE
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