La Universidad pública, con sus rectores por primera vez encabezando las protestas, se echó a la calle en 2008 contra el recorte, en plena crisis, de sus recursos.
La Comunidad de Madrid, en su política de contención del gasto público ante la crisis, anunció el 10 de octubre que, hasta final de año, quedaban congeladas las inversiones fundamentalmente en nuevas infraestructuras, aunque aseguraba el pago de la subvención nominativa y de los complementos en las retribuciones.
La decisión desató una oleada de críticas con al Gobierno de Esperanza Aguirre y la Consejería de Educación, encabezada por Lucía Figar. PSOE, IU, Juventudes Socialistas de Madrid y los sindicatos CCOO, UGT y CSIT criticaron el "zarpazo" a la educación pública "justo cuando más hace falta invertir en formación para luchar contra el paro". La propia CRUMA, la Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid, que pocos días antes se sentaba con Educación, anunciaba por primera vez su presencia encabezando la manifestación de protesta que tomó las calles de Madrid el 10 de diciembre.
La CRUMA advertía que ya "no es posible exigir al sistema universitario público de Madrid mayores ajustes de los que ya se fijaban en el marco del Plan de Financiación", donde además había firmado no aumentar su deuda.
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La 'Complu', en números rojos
La evidencia de los problemas económicos se hizo patente el 13 de octubre, cuando el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, admitía a
Madridiario que la institución que encabezaba se encontraba "en números rojos". De la misma manera, distintos portavoces de las universidades de Alcalá de Henares, la Autónoma, la Carlos III, la Politécnica y la Rey Juan Carlos aseguraron a este diario que todas quedarían afectadas en un grado importante por la falta de recursos.
El 3 de noviembre, la Complutense daba orden de congelar su plantilla y limitar las horas extraordinarias, entre otras medidas, debido a la deuda de 83,2 millones de euros que se preveía tendría la Comunidad tendrá con la universidad a finales de año. En conjunto, la Comunidad adeudaba a los centros públicos 223 millones de euros. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, propuso pedir créditos para sufragar el gasto corriente y la deuda del presente ejercicio, o bien que la Comunidad hiciera lo propio y transfiera después el dinero a las universidades. Los rectores, a pesar de las promesas de la Comunidad, denunciaron no haber recibido la partida de septiembre que en su día se recortó, a pesar de que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, reiteró que ese dinero ya lo tenían en mano.
Informe del CES y marcha universitaria
Para echar más leña al fuego, el 13 de noviembre el PSOE recriminó a Esperanza Aguirre un informe "pagado con dinero público" realizado por el Consejo Económico y Social de la Comunidad. Este recomendaba "incrementar paulatinamente los precios" de las matrículas universitarias, haciéndolo "de forma gradual" para paliar el "coste político difícil de asumir" de esta medida. El 10 de diciembre una concentración universitaria en la que se unieron alumnos, profesores, sindicatos, ciudadanos y el rector de la Complutense reclamó al Gobierno de Aguirre el dinero necesario para tener una Universidad pública "de calidad" y no en favor de los centros privados.
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