Las reacciones al borrador de la ley que prohibirá el uso del móvil y que concibe una mayor disciplina en las aulas han sido diversas, aunque en general padres, profesores y alumnos han recibido positivamente la noticia. Los primeros en aplaudir la medida han sido, precisamente, los estudiantes, quienes han invocado al sentido común del resto de organizaciones, especialmente la Fapa Giner de los Río, que se opone a la medida.
La Unión Democrática de Estudiantes (UDE), que tiene 2 de los 4 consejeros con voto de calidad en el grupo de alumnos del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, ha mostrado su disposición a votar a favor de la Ley. Para UDE el nuevo proyecto de Decreto de normas de convivencia de Madrid otorga más autoridad a los profesores y directores, prohíbe el uso de cualquier aparato electrónico en clase, establece como faltas más graves, sancionadas con la expulsión, los comportamientos de acoso y violencia, y establece que será el agresor quien cambie de centro, no la víctima.
Tras su análisis, el presidente de UDE, Álvaro Vermoet, anunció que apoyará el texto, sin modificaciones, en el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Además, UDE pide al resto de organizaciones que apoyen esta normativa, que invoca al "más puro sentido común", frente al "permanente intento de erosionar al Gobierno regional de la organización de padres FAPA Giner de los Ríos, que irresponsablemente se ha opuesto a cada medida educativa de la Comunidad de Madrid, incluyendo aquellas votadas por el PSOE e IU en la Asamblea, como es el caso de una resolución que pedía aumentar la autoridad del profesor".
Desde la FAPA Giner de los Ríos han criticado que no se haya contado con los colectivos afectados para elaborar la norma. Así lo ha dicho la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Giner de los Ríos, Mercedes Díaz, que ha precisado que el Gobierno regional no ha tenido en cuenta la opinión de la FAPA para elaborar una normativa de convivencia que "afecta a todos los sectores, pero sobre todo a los alumnos". Sin embargo, indicó que la prohibición de la Comunidad de Madrid de la utilización de teléfonos móviles en las aulas "es de sentido común", aunque subrayó que la mejora de la convivencia en los centros educativos pasa por medidas preventivas y no prohibitivas.
"Es evidente que nuestros hijos e hijas no deben utilizar bajo ningún concepto el móvil en las aulas, es algo claro y que no necesita estar incluido en ninguna normativa que mejore la convivencia de los centros educativos, no es un elemento fundamental para mejorar la convivencia", dijo. Díaz hizo hincapié en que para mejorar la convivencia en las aulas se debe aplicar una serie de medidas "educativas y preventivas que hagan que los alumnos no utilicen el teléfono móvil no porque se le prohíba sino porque entienden que no tienen que utilizarlo".
"Por fin una normativa"
El presidente del Sindicato de Profesores ANPE, Nicolás Fernández, ha destacado que el reglamento establece "por fin una normativa" que pone de manifiesto que existe un "problema real" de convivencia en estos centros "que hay que corregir".Según ha dicho, a pesar de que lo que más ha llamado la atención es la prohibición del uso de teléfonos móviles, esto es sólo "una anécdota dentro del decreto", ya que lo importante es que se tratará de prevenir y corregir "las conductas contrarias a la convivencia". Por ello, afirmó que desde ANPE lo que más se valora es que esta normativa incida en que se debe corregir ciertas conductas que se dan en la comunidad escolar "en un doble plano", tanto en el de las medidas preventivas como en el plano sancionador.
Por su parte, el secretario general de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Madrid (FECAPA), Eduardo García, aplaude la medida para garantizar que las clases se impartan "en condiciones".García espera que la Ley "restablezca la autoridad del profesor dentro del aula para poder tomar medidas en caso de comportamientos inadecuados". El portavoz de FECAPA indicó que, además de que el decreto establezca ciertas medidas para evitar el uso de aparatos tecnológicos en clase, los padres de los alumnos también deben colaborar para erradicar este tipo de comportamientos.
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