Bolivia: nuevo incidente entre gobierno y prefectos

Cuatro prefectos de oposición suspendieron el miércoles un diálogo con el presidente Evo Morales, tras la detención de un dirigente civil rebelde, en un nuevo incidente que entorpece la resolución de la grave crisis interna de Bolivia.

Poco más tarde, el gobierno pidió este miércoles a los prefectos retornar al diálogo que busca desactivar la conflictiva situación y negó la acusación de haber propiciado la detención del líder civil.

El llamado del gobierno siguió al anuncio de "suspender temporalmente nuestra participación en las mesas de trabajo" proferido por el prefecto de Tarija, Mario Cossío, que ofició de vocero de sus colegas Rubén Costas (Santa Cruz), Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni).

Cossío señaló desde Cochabamba (centro), sede del diálogo gobierno-prefectos desde hace tres semanas, que asumían la decisión, tras la "detención y secuestro" el martes del dirigente cívico de la región del Chaco boliviano, José Vaca, a cargo de policías "encapuchados".

El líder civil fue capturado en el poblado de Villamontes, a 1.200 km al sureste de La Paz, acusado de haber participado hace tres semanas en la voladura de un ducto de gas natural al Brasil, cuando se encontraban en su apogeo numerosas protestas contra el presidente Morales.

Según el prefecto de Tarija, como prueba de que las conversaciones no están rotas definitivamente, permanecerán en Cochabamba a la espera de que el gobernante boliviano responda su reciente pronunciamiento.

También anunció que pedirán a los veedores de Unasur, OEA, ONU y Unión Europea, que asistieron desde el primer día a las negociaciones, a que "ayuden a salvar el diálogo".

La nueva posición de las cuatro autoridades regionales, la más fuerte oposición al régimen de La Paz, fue criticada por el gobierno de Morales, que consideró injustificable cualquier acción que impida un pacto.

"No hay argumento razonable para que quieran suspender el diálogo, convocamos a los prefectos a retornar a la mesa", afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo derecho del jefe de Estado.

El incidente surge cuando oficialistas y opositores negocian un acuerdo que se esperaba fuera firmado el domingo.

El presidente Morales y sus adversarios discuten concertar la aprobación de la nueva Constitución, que incluya los gobiernos autónomos que reclaman los departamentos rebeldes, la redistribución de recursos públicos nacidos de un impuesto petrolero y el pago de una bonificación para los ancianos con esos fondos.

Las negociaciones surgieron luego de que en cinco de los nueve departamentos de Bolivia se produjeran violentas protestas entre agosto y septiembre en contra del gobierno que dejaron 19 muertos, 16 de ellos en una matanza de campesinos progobiernistas al norte del país.

Al conocer la decisión de los prefectos, el poderoso líder campesino y dirigente del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Avalos, señaló que lo sucedido "es una burla" y anunció el inicio de "protestas" contra los prefectos opositores.

Sobre la detención del activista José Vaca, el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, explicó que se actuó bajo orden de fiscal y que "toda acción terrorista tiene consecuencias legales".

El reflote de la violencia es latente, pues además hay una anticipada amenaza de campesinos y obreros oficialistas de cercar el Congreso en 15 días más, para obligarle a aprobar una ley de convocatoria a referendo sobre la ley fundamental.

Además, Morales, el primer presidente indígena desde la fundación de Bolivia en 1825, dijo el fin de semana que la nueva Constitución se aprobará de "a buenas o a malas".