El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha dictado hoy un auto en el que incoa las correspondientes diligencias previas.
Además, le requiere para que designe abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión.
En la misma resolución, da traslado a las acusaciones populares personadas, organizaciones ultras que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, el pseudosindicato Manos Limpias, pero también el Colegio de la Abogacía de Madrid y la conservadora Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de 5 días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por otro lado, el instructor deja pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y acusación particular, así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.
La causa contra el fiscal
El fiscal general del Estado reafirmó hace días su decisión de no renunciar a su cargo a pesar de la investigación en su contra por presunta revelación de secretos.
El Tribunal Supremo, en una decisión sin precedentes, decidía imputar a García Ortiz tras una querella presentada por González Amador, el novio de Ayuso. La denuncia está relacionada con una nota de prensa emitida por la Fiscalía sobre un caso de fraude fiscal.
Ortiz reconoció que la resolución del Tribunal Supremo le ha generado "preocupación" y lo llevó a reflexionar sobre su permanencia en el cargo.
El fiscal general negó categóricamente haber filtrado datos y comunicaciones privadas y que el objetivo de la polémica nota de prensa emitida por su oficina era "desmentir un bulo" que había circulado en los medios, con el fin de salvaguardar la reputación de la Fiscalía de Madrid.
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