El Tribunal Supremo confirma que investigará al ex ministro y actualmente diputado nacional José Luis Ábalos por el 'caso Koldo'.
La Sala Penal ha acordado este jueves asumir la investigación tras la exposición razonada remitida hace unos días por el juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El tribunal designa instructor, conforme al turno establecido, y le ha tocado al juez Leopoldo Puente.
El pasado 23 de octubre, el juez Ismael Moreno pedía al Supremo para que le imputase por los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una "organización criminal" que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia.
El juez instructor atribuye a Ábalos su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Respecto a las personas no aforadas incluidas en las diligencias que instruye el juez Moreno, el Supremo señala que el procedimiento deberá continuar en la Audiencia Nacional.
Qué sospecha de Ábalos
En su resolución, el juez atribuye a Ábalos en concreto un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un papel principal en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con las administraciones públicas.
Respecto al delito de tráfico de influencias, el magistrado concluye que estaría acreditada la intervención del entonces ministro para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa de Aldama Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, así como por su intervención en la contratación, por parte de dos empresas públicas (INECO y TRAGSATEC), a la mujer con la que entonces mantenía una relación personal.
Por último, el instructor atribuye al ex ministro el delito de cohecho porque le fue proporcionado el uso y disfrute de un chalet en localidad gaditana de La Alcaidesa como pago de su mediación en la adjudicación de los contratos de suministro del material sanitario.
Otro indicio que acreditaría el cohecho, según el juez, es el pago del alquiler del piso en el que residió la pareja de Ábalos en el centro de Madrid, desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, por un importe de 88.101, 43 euros y que abonó Aldama a través de personas y sociedades que estaban bajo su control.
En su exposición razonada, el juez considera que de la investigación realizada hasta ahora se infiere la “existencia de una organización criminal; de concierto previo para conseguir la adjudicación de los contratos”, unos cobros obtenidos por el asesor Koldo García para mediar y conseguir su adjudicación y las operaciones para ocultar tales cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos consecuencia de las irregulares adjudicaciones.
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