La Sala de Apelación del Tribunal Supremo, por unanimidad, ha desestimado este viernes los recursos de apelación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez.
Ambos recurrieron los autos del juez instructor que investiga la revelación de datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Ese mismo magistrado fue quien autorizó la entrada y registro en los despachos profesionales de los 2 investigados, y ahora el Supremo avala cómo se hicieros dichos registros.
En esos registros se incautó material informático relacionado con los hechos y sujetos investigados y los dispositivos que tenían relación con el delito de revelación de secretos, en concreto, por ejemplo, el móvil de García Ortiz.
No había "otra alternativa"
El Supremo admite que en las dependencias de Fiscalía, "como en cualquier juzgado", hay expedientes y datos de máxima seguridad y con datos privados, pero que si este hecho impidiera el registro, no se podría investigar lo solicitado por el juez.
Además, considera que no quedaba "otra alternativa", ya que si no se pudiera investigar en ese lugar, se llegaría a la "impunidad".
Para concluir, el Supremo expone que "la medida autorizada era legal y constitucionalmente posible", por lo que rechaza los recurseos y las denuncias relativas a la violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativa al "derecho al respeto a la vida privada y familiar".
Y es que el fiscal general del Estado aseguró que se había vulnerado su derecho a esa intimidad en el ámbito personal.
Borrado de datos
En todo caso, García Ortiz borró los datos en sus dispositivos, como así pudo comprobar la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil tras informar al juez.
El fiscal general del Estado argumentó que los había eliminado no para obstaculizar ninguna investigación judicial, sino porque tenían datos privados: "Borro, tanto porque es mi derecho a disponer de intimidad, como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos".
Según el dossier, el 16 de octubre, día en el que el Supremo comunicó la apertura de causa por la posible revelación de secretos sobre la pareja de Ayuso, se borraron mensajes del terminal hasta en 2 ocasiones.
Sin pruebas, algunos medios han insnuado que borró llamadas y mensajes mantenidos con el Gobierno para coordinar una acción que beneficiara a la izquierda y perjudicara, en cambio, al PP y a Ayuso por el asunto del presunto fraude fiscal de su pareja, González Amador.
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