La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha accedido a la petición de la Fiscalía Superior de Canarias y ha suspendido de manera cautelarísima (inaudita parte) la resolución dictada por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno regional, que el pasado 10 de septiembre estableció el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Santa Cruz de Tenerife, sin entrar en el fondo de la cuestión sobre el ajuste a la legalidad del protocolo, entiende que concurren circunstancias de especial urgencia que legitiman la adopción de la medida interesada por la Fiscalía.
“Lo primero que cumple advertir es que no se incluyen entre las disposiciones incorporadas el protocolo territorial una previsión expresamente encaminada al establecimiento del momento de inicio de la eficacia (o entrada en vigor) de las actuaciones dispuesta en el mismo”, dice el auto, “por lo que, a falta de una previsión de la indicada índole, nada parece impedir que se pueda pretender la exigibildad de tales actuaciones de forma inmediata, esto es, a partir del momento mismo de la publicación oficial del protocolo”.
En esta situación, entiende el TSJC que se debe declarar procedente la petición de la Fiscalía de suspender cautelarísimamente la aplicación del protocolo.
Establecida la suspensión cautelar, la Sala da traslado a la comunidad autónoma de su decisión provisional para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente, de cara a una posterior decisión de la Sala en los próximos días.
Disputa entre Fiscalía y Gobierno canario
En su recurso, la Fiscalía presentó hace 2 días unas alegaciones en las que argumentaba que el protocolo del Gobierno canario vulneraba "el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución".
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se quejó de la Fiscalía y expuso que debería ser con el Estado "en la parte que le compete" en la filiación de los menores inmigrantes que llegan a las islas "igual de exigente" que lo es con el Gobierno autonómico en sus responsabilidades de acogida.
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