Mientras el Tribunal Supremo juzga el procés soberanista, se abre un nuevo frente para el Govern de Carles Puigdemont en el Tribunal de Cuentas, que examinará si se desviaron fondos públicos para una votación que había sido ilegalizada por el Tribunal Constitucional.
Societat Civil Catalana presentó ante el Tribunal de Cuentas una denuncia contra Puigdemont y los ex consellers por los gastos del referéndum soberanista, y reclaman que se abonen 89 millones de euros, 87 por el coste del dispositivo policial, y otros dos por la organización de la consulta y su promoción.
Mientras esta asociación reclama 89 millones de euros, la Fiscalía General del Estado, a la luz de los documentado en el Supremo y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, cifra en unos ochos millones el coste del referéndum.
Desde la Generalitat sostienen que el Tribunal de Cuentas debe suspender su trámite mientras el Supremo no dice sentencia, y alegando que no hay pruebas sobre el presunto desvío de fondos.
Puigdemont ha defendido que no fue el Govern quien controlaba los gastos, sino el Gobierno, dada la aplicación del 155, por lo que considera poco probable que bajo esa vigilancia "de profesionales se desviaran tantos millones como dicen".
El Tribunal de Cuentas ha pedido a los denunciantes que aporten sus escritos de reclamación y después deberá nombrar al instructor encargado de investigar al ex Govern catalán.
Si (
No(
