El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra varios apartados de la reforma que la Comunidad de Madrid realizó en 2023 sobre su la ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación.
En concreto, actúa contra el apartado 14.3, que modificaba la materia de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid.
El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de las citadas normas, desde la fecha de interposición del recurso (26 de junio) para las partes de los procesos y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
En el primer recurso, el Gobierno alega la posible vulneración de los artículos 9.3, 10.1, 14 y 15, entre otros, de la Constitución, contra los apartados once, doce, quince, diecisiete y veintidós bis del artículo único de la Ley 17/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2016, de 29 de marzo. Asimismo, considera que podría haber infracciones competenciales.
En el segundo caso, el presidente del Gobierno sostenía en su recurso de inconstitucionalidad que el apartado 14.3 del artículo único de la Ley 18/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2016, de 22 de julio, podría ser contrario a las competencias exclusivas del Estado sobre legislación procesal (149.1.6ª CE) y sobre procedimiento administrativo común (149.1.18ª CE).
Un recurso también del Defensor del Pueblo
El Pleno del Tribunal Constitucional admitió también a trámite en mayo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con un inciso del artículo 14.2, letra b), de esta reforma.
En concreto, es la conocida popularmente como la 'ley trans' de Madrid, reformada por el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, la cual originó controversia.
El recurrente alega en su recurso de inconstitucionalidad que el citado precepto podría suponer una vulneración de los derechos de los menores transexuales, del principio al libre desarrollo de la personalidad.
La polémica reforma
El fin de la reforma que emprendió el Ejecutivo madrileño, tal y como expuso en su momento Ayuso en su discurso de investidura de 2023, tras asumir su segundo mandato, era "dotar de mayor seguridad jurídica" a la vigente normativa.
"Debemos seguir haciendo eficazmente aquello en lo que la Comunidad de Madrid ha sido pionera: proteger a las personas transexuales, pero garantizando en todo momento la calidad legislativa, la constitucionalidad de todos los artículos de la ley, la igualdad de oportunidades de las mujeres en el deporte y en todos los ámbitos de la vida, la protección de los menores, la libertad educativa y de cátedra y la seguridad jurídica", dijo.
En cualquier caso, apostillaba Ayuso, la modiciación no quería buscar “desamparo en los legítimos derechos” del colectivo sino "corregir las deficiencias en este ámbito” y “seguir protegiendo a las personas transexuales y al resto de la sociedad".
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