El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso contra diversos preceptos de la conocida como 'Ley Trans'.
Esta ley, aprobada el 28 de febrero y llamada oficialmente 'Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI' es criticada por los recurrentes, que sostienen que la norma podría vulnerar, entre otros, los artículos 9.3, 10.2, 14, 16, 18, 20, 24, 25 o 27 de la Constitución.
El recurso por el artículo 9.3. hace referencia a que crea inseguridad jurídica. El recurso al artículo 10.2 se debe a que Vox sostiene que va en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
También mencionan el artículo 14 porque sostienen que va en contra del precepto de que todos "los españoles son iguales ante la ley", sin que pueda "prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
El artículo 16 de la Carta Magna hace referencia a la libertad ideológica, religiosa y de culto, argumentando que va en contra de ellas. El artículo 18 versa sobre que se puede limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar. También mencionan el artículo 27 sobre la libertad educativa.
Otros recursos al Constitucional
Por otro lado, el Pleno del Constitucional también ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del PP contra la transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
Los demandantes alegan que la ley recurrida podría ser inconstitucional por defectos en su procedimiento de aprobación y también impugnan los preceptos que eliminan el delito de sedición y modifican los delitos de malversación y desordenes públicos. Sostienen que estos artículos podrían infringir, entre otros, los artículos 9.3, 14, 24, 117.3 o 62.i de la Constitución.
El Pleno del TC además ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la Asamblea de Madrid y por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias.
En total, ya se han admitido a trámite cinco recursos de inconstitucionalidad contra el citado impuesto. Además de estos dos, están tramitándose los recursos presentados por los gobiernos autonómicos de Andalucía, Comunidad de Madrid (Consejo de Gobierno) y Galicia (ver notas de prensa 22 y 27, respectivamente).
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