El Tribunal Constitucional admite el recurso de Vox contra la ley del 'sólo sí es sí'

El nuevo Tribunal Constitucional, con mayoría de jueces progresistas, se estrena en lo que a recursos se refiere admitiendo el presentado por Vox contra la ley del 'sólo sí es sí'.

Este recurso de inconstitucionalidad fue presentado por los 52 diputados del Grupo Parlamentario Vox contra la disposición final 4ª, disposición final 7ª y disposición final 17ª de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida popularmente como ley del 'sólo sí es sí').

Vox considera que se han podido vulnerar, entre otros derechos y principios constitucionales, la presunción de inocencia, la prohibición de indefensión y la seguridad jurídica, derivada del modo en que se regula el concepto de “consentimiento” en el marco del nuevo delito de agresión sexual.

También cargan contra el principio de proporcionalidad de las penas, por la unificación en un solo tipo penal (agresión sexual) de lo que antes eran 2 (abuso y agresión sexual).

Otros recursos admitidos

El Constitucional también ha admitido hoy a trámite el recurso del Gobierno contra un artículo de la Ley de emergencia en el ámbito de la vivienda aprobada por el Ejecutivo catalán, únicamente en cuanto a la disposición sobre las medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. El Gobierno alega que se ha podido vulnerar la competencia estatal en materia de legislación procesal.

Además, acepta otro presentado por diputados de Unidas Podemos y de otros grupos parlamentarios del Congreso contra un decreto ley de la Junta de Andalucía que modificaba la Ley de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía.

También otro recurso presentado por el Gobierno contra los artículos 2, 3.1, 3.2, 4 y 5 del Decreto-ley del Ejecutivo de Aragón (presidido por el socialista Javier Lambán), por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón. El Gobierno central considera que puede no acomodarse a la legislación básica estatal en materia de contratos públicos.