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Carles Puigdemont
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Carles Puigdemont (Foto: Junts)

El Supremo se niega a aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación y será detenido si pisa suelo español

lunes 01 de julio de 2024, 12:59h

Sin novedad en el caso de la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont. Como se esperaba, el Tribunal Supremo ha decidido que no debe aplicar dicha amnistía al ex president catalán.

Considera que debe seguirse la causa por malversación, por la cual tiene una orden de busca y captura, y en caso de que el político independentista pisara suelo español, sería detenido.

Aparte de ello, ha elevado al Tribunal Constitucional una consulta porque quiere saber si debe aplicar también o no el delito de desobediencia bajo esta ley.

La misma suerte correrían los políticos de Junts Toni Comín y Lluís Puig en el caso de que quieran llegar a nuestro país. También afectaría a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El Supremo se posiciona así mientra que Fiscalía y Abogacía del Estado ya han manifestado que los jueces deberían aplicar la ley de amnistía a todos los procesados puesto que consideran que no hubo enriquecimiento patrimonial en las partidas presupuestarias que había vetado la Justicia para sufragar el referéndum y el procés soberanista de 2017.

La magistrada Ana Ferrer ha emitido un voto particular, estando en contra de la decisión del resto de sus compañeros de la Sala de lo Penal.

Pablo Llarena, clave

El juez LlarenaEl juez magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del “procés”, acuerda mantener contra ellos las órdenes nacionales de detención por su presunta responsabilidad como autores de un delito de malversación.

Argumenta que los comportamientos atribuidos en la causa a los 3 procesados incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la Ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.

Llarena también mantiene las órdenes nacionales de detención de Puigdemont, Comín y Puig y no archiva la ejecutoria que inhabilita, hasta los años 2030 y 2031, a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

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