El Tribunal Supremo ha levantado el secreto de los informes periciales elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el contenido del teléfono móvil del ex secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, y de los dispositivos informáticos incautados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la causa de las presuntas filtraciones sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado Ángel Hurtado investiga si García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, incurrieron en un delito de revelación de secretos sobre los correos en los que González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de 2 delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de beneficios por la venta de mascarillas en la pandemia.
Fue el pasado 30 de octubre cuando la UCO registró el despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado. Tras más de 10 horas, copiaron el contenido íntegro de los dos teléfonos móviles del jefe del Ministerio Público, su ordenador y una tableta para analizar los datos comprendidos entre el 8 y el 14 de marzo de este año.
En el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso 'RTVE.es' una vez se ha alzado el secreto, se desglosa el contenido de los dispositivos: 2 archivos con una copia de la cadena de correos que cruzaron la defensa de González Amador y el fiscal de Delitos Económicos y 45 correos sin interés para la causa. Asimismo, han encontrado "0 mensajes" instantáneos en el periodo analizado.
Según expone la UCO en el oficio, García Ortiz recibió la copia de los mensajes a través de un correo electrónico de la Fiscalía Provincial de Madrid el 13 de marzo a las 23:45 horas, 6 minutos antes de que algunos medios hicieran referencia a la información esa noche. El polémico correo que investiga el Supremo, no obstante, fue publicado la mañana del 14 de marzo.
Señala también que la conversación entre el abogado y el fiscal está fechada el 12 de marzo y que el reenvío a la Fiscalía se produjo al día siguiente a las 23:44 horas.
Hasta ahora, únicamente se había conocido el informe elaborado por la UCO en relación con el contenido de los dispositivos informáticos requisados en el registro realizado ese mismo 30 de octubre en el despacho de Pilar Rodríguez, también imputada.
Los investigadores concluyeron en el documento que "desde las 21:59 (del 13 de marzo), hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51 horas, hay tan sólo un número muy reducido de personas" que tienen acceso a "todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa" y que tienen conocimiento, no sólo de que el Ministerio Público está elaborando un "comunicado", sino del "periodo temporal aproximado en el que este se publicará".
Lobato dejó constancia de la conversación
En el caso de Lobato, entregó su móvil voluntariamente tras declarar como testigo el pasado 20 de noviembre después de conocerse que la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera le mandó la carta que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía de Madrid para reconocer 2 delitos fiscales a fin de llegar a un acuerdo.
Al exhibir el acta notarial donde Lobato dejó constancia de los mensajes de WhatsApp intercambiados desde las 8:29 horas del 14 de marzo con Sánchez Acera, una acusación popular apreció cierta discontinuidad cronológica, por lo que propuso examinar directamente el móvil del ex dirigente socialista, algo a lo que éste accedió y que el juez acordó.
Tras el análisis, la UCO ha concluido que Moncloa tuvo acceso al correo electrónico entre la defensa y la Fiscalía y que acabó en manos de Juan Lobato, antes de que se publicara en la prensa, y ha apuntado a varios cargos.
Con todo, la UCO señala que "de ese 'e-mail' tendrían conocimiento antes de ser publicado en ningún medio (...) al menos" Lobato, Sánchez Acera, el que era secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el ex director de comunicación del PSOE Ion Antolín -actual secretario de Estado de Comunicación-.
El oficio expone que Sánchez Acera se puso en contacto con Lobato el 14 de marzo para reenviarle el correo de González Amador. Acto seguido, el entonces líder del PSOE madrileño le escribió tanto a ella como a Vallés para consultar si había sido publicado en algún medio.
"Esta circunstancia revelaría que, en ese momento, el secretario general del PSM, creía que el secretario de Estado de Comunicación no sólo era conocedor del envío de ese email por parte de la directora del Gabinete del SEGPG, sino que podría resolverle la cuestión de cuál era la fuente del mismo", razona la UCO.
Por otro lado, el informe destaca que Lobato pide que le informen de la fuente de donde procede la información, alegando que si no "parece que me lo ha pasado la Fiscalía". "Llama la atención que mencione directamente a Fiscalía y no a cualquier otro potencial interviniente o utilizase una terminología más ambigua", apunta la UCO.
Igualmente, señala que "desde un primer momento" Lobato es consciente de que publicar la información contenida en ese correo electrónico "podría constituir, al menos, algún tipo de irregularidad y transmite preocupación por ello" y de que la publicación en prensa del mismo "le eximiría de cualquier responsabilidad si lo mostrase".
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