La Justicia suiza ha decidido nuevamente que el 'caso Tsunami Democràtic' no constituye un acto de terrorismo, rechazando por tercera vez la solicitud del juez Manuel García-Castellón.
Esta vez, el magistrado había pedido asistencia para localizar a Marta Rovira, secretaria de Esquerra Republicana (ERC), que se refugió en Suiza en 2018 tras el 'procés', así como para obtener algunos de sus datos bancarios.
El juez aportó información sobre una reunión en Suiza en la que presuntamente participó Rovira, y donde se discutió sobre 'Tsunami'. Sin embargo, las autoridades suizas insisten en que los hechos descritos no cumplen con los criterios de terrorismo según su legislación, considerándolos en cambio como actos políticos.
"Nuestros tribunales han determinado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al Qaeda, pero NO a organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país", indican fuentes jurídicas suizas, según ha adelantado el diario 'El País'.
El 'caso Tsunami'
García-Castellón ya había iniciado una comisión rogatoria sobre el caso de Tsunami en diciembre de 2019, la cual fue denegada. El juez persistió en su solicitud, y en diciembre de 2023, la Oficina Federal de Justicia de Suiza solicitó más pruebas para determinar si la petición de localizar a Rovira tenía un carácter "político", lo que impediría la colaboración con la justicia española.
En respuesta, el magistrado envió en febrero un contundente escrito recordando a Suiza que los tratados internacionales prohíben rechazar por motivos políticos la asistencia judicial solicitada, dado que se trata de una investigación por delitos de terrorismo. García-Castellón justificó su petición de ayuda para localizar a Rovira argumentando que, al afectar a un derecho fundamental, la cooperación judicial ofrece más garantías que la vía policial.
En cuanto a la solicitud de información sobre una cuenta bancaria suiza que podría haber financiado las protestas del otoño de 2019, García-Castellón especificó que pidió datos hasta junio de 2020, ya que es cuando se conoció la intención de llevar a cabo acciones por parte de Tsunami Democràtic. La investigación del juez abarca a una decena de personas vinculadas a esta causa, quienes podrían beneficiarse de la reciente ley de amnistía aprobada por el Gobierno de España.
Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg
Este mismo día, la magistrada Susana Polo, encargada del 'caso Tsunami Democràtic' en el Tribunal Supremo, ha emitido una providencia suspendiendo temporalmente tanto la Orden de Investigación Europea (OEI) como la solicitud de asistencia judicial en materia penal remitida a Suiza, con el objetivo de citar en la causa al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a Rubén Wagensberg.
No obstante, se mantiene la notificación de las resoluciones dictadas en la presente causa a Puigdemont, quien aún no se ha personado. En la providencia también se menciona que se ha incorporado a la causa un escrito presentado por Rubén Wagensberg solicitando el sobreseimiento del caso.
La juez toma esta decisión en consonancia con lo acordado en la providencia del 11 de junio, en la que dio un plazo de 10 días a las partes personadas para que informasen sobre la entrada en vigor de la ley de amnistía.
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