La regulación de los pisos turísticos está en boca de todos y ante la falta de acuerdo generalizado (por el momento), cada ayuntamiento va avanzando a su ritmo.
Uno de los casos más destacados es el de Sevilla, que ha solicitado a la Junta de Andalucía que elimine 715 viviendas turísticas que según la normativa son ilegales.
El consistorio está dividido y no se ha llegado a un acuerdo entre todas las fuerzas, pero ante la presión de la oposición el equipo municipal (PSOE y Podemos) ha mejorado la propuesta para combatir este problema.
Según ha adelantado 'elDiario.es', en la petición que ha enviado el consistorio a la Junta se recogen varias medidas de control y coercitivas para los pisos turísticos sin licencia.
Cortar suministros
Una de las medidas coercitivas más destacadas es la posibilidad de cortar el agua o cualquier suministro a los pisos que operen sin licencia.
El Ayuntamiento ha propuesto suspender los suministros de las empresas públicas en los pisos turísticos ilegales.
Ha remarcado que es una opción que entra dentro de sus competencias e incluso se abre a cortar la luz, aunque este tema resulta más complejo al ser una empresa privada.
El PP sevillano se ha comprometido también a establecer un control más férreo sobre estas viviendas para corroborar su legalidad en el que implicará a la Policía.
Pero se niega a una moratoria para no conceder más licencias turísticas en un tiempo, una medida que han propuesto desde la oposición pero que la alcaldía se ha negado.
Aunque ha aceptado limitar el porcentaje total de pisos turísticos a un 10% del total de viviendas de un barrio. Una cifra que ya se supera en amplias zonas.
La Junta ha aceptado la eliminación de las viviendas turísticas solicitadas y según ha anticipado el consistorio hispalense, la Policía va a corroborar que no ejercen la actividad.
También se va a habilitar un canal de denuncias al respecto para que los ciudadanos y comunidades de vecinos puedan denunciar viviendas turísticas ilegales.
Unas medidas que para la oposición siguen sin ser suficientes e instan a ser más contundentes para frenar el alquiler turístico ilegal y evitar que los precios del alquiler sigan subiendo.
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