El Govern de la Generalitat ha evaluado la situación de la sequía en Cataluña, después de una nueva reunión de la Comisión Interdepartamental de Sequía (integrada por los departamentos de Presidencia, Acción Climática, Interior, Empresa y Trabajo y Salud) y de constatar que continúa el descenso de las reservas, después de 25 meses sin abundantes lluvias en las cabeceras de los ríos.
En la Comisión se ha abordado la propuesta de activar nuevas medidas y reforzar la coordinación desde todos los ámbitos implicados. En este sentido, se prevé que este 1 de marzo el Consejo de Administración de la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) apruebe la activación de la fase de excepcionalidad del sistema Ter-Llobregat y del acuífero del Fluvià Muga, que entrará en vigor una vez publicado en unas 48 horas.
Este cambio de escenario comportará que, de las 18 zonas en las que está dividido el territorio de las cuencas internas, 2 unidades seguirán en situación de normalidad, 3 en prealerta, 9 en alerta y 4 en excepcionalidad. Por tanto, serán 224 municipios en situación de excepcionalidad, de 15 comarcas, y cerca de 6 millones de habitantes.
La entrada en el escenario de excepcionalidad supone un paso más en la reducción de agua en algunos usos, como la reducción del 40% del agua para usos agrícolas, la reducción del 15% para usos industriales, la reducción del agua para usos lúdicos (15% en usos asimilables y 50% en riego) y la prohibición del riego de zonas verdes, tanto públicas como privadas (sólo se permitirá el agua para mantener vivo el arbolado y haciéndolo lo gota a gota o con regaderas). Asimismo, se prohíbe la limpieza de calles con agua potable.
También existe una reducción de la dotación de agua media por habitante y día. Si en el escenario de alerta era de 250 litros por habitante y día, en excepcionalidad pasa a los 230 litros por habitante y día.
Se toma esta medida por el riesgo de desabastecimiento y para que nos acerquemos a la primavera con un volumen de reservas muy bajo (27%) y sin que se hayan recuperado, debido a la falta de lluvias.
Activación de nuevos recursos
El uso del agua regenerada es otra de las medidas que está ganando peso en los últimos meses (durante el 2022 este recurso ha aportado cerca de 70 hm 3 ), siendo uno de los grandes ejes en la gestión de la sequía durante la fase de excepcionalidad. En diciembre, con la fase de alerta activada, ya se iniciaron las pruebas para aportar agua regenerada en el tramo final del Llobregat y disponer de esta forma de más agua que, posteriormente, debe ser potabilizada. Se están produciendo 0,8 m3 / si esto nos permite tener más y poder preservar más reservas en los embalses. Este volumen se incrementará de forma gradual para disponer, así, de más agua.
También se está aportando actualmente agua regenerada para el riego agrícola del canal de la derecha del Llobregat, para garantizar las demandas de riego. En los próximos meses, en caso de que la situación empeore, se irá incrementando la aportación de ese recurso.
Otra de las medidas que se podría activar entre los meses de mayo y junio es el aprovechamiento de la acequia Comtal, con una aportación de 200 litros por segundo.
También desde el ACA se harán requerimientos a los ayuntamientos que tienen pozos de sequía municipales para ponerlos en marcha. Estos pozos podrían aportar unos 300 litros de agua por segundo.
Decreto ley para garantizar el abastecimiento
Además de abordar la situación de sequía y la entrada en el escenario de excepcionalidad de 4 unidades (embalses del Llobregat, embalses del Ter, sistema Ter-Llobregat y acuífero del Fluvià Muga), el Consell Executiu ha aprobado una nueva medida para hacer frente a la sequía, concretamente un Decreto-ley destinado a proteger la disponibilidad de las fuentes de suministro de las redes de abastecimiento de agua potable, con el fin de evitar la interrupción del suministro domiciliario de agua.
Este Decreto ley permite disponer de una norma con rango de ley (el Plan de sequía se aprobó por Acuerdo de Gobierno y, por tanto, tiene rango inferior) para impulsar las acciones (legales, de contratación y administrativas) necesarias para proteger y garantizar los abastecimientos, que es la prioridad en caso de agravamiento de la situación.
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