Begoña Gómez, además de estar imputada por tráfico de influencias y corrupción también lo está por apropiación indebida e intrusismo en relación a un software diseñado para su cátedra.
Esta semana el magistrado se va acentrar en el tema de este software que desarrollaron varias empresas para su cátedra en la Complutense.
Según la denuncia de Hazte Oír, la creación del software costó 300.000 euros y acabó alojado en la web 'transformatsc.org', propiedad de la mujer de Pedro Sánchez.
El magistrado pone ahora ell foco en todo lo relacionado con este software para esclarecer si hubo apropiación indebida e intrusismo.
Las 3 empresas vinculadas al mencionado software son Indra, Google y Telefónica.
Según han precisado fuentes judiciales a 'La Razón', el juez se va a centrar ahora en conocer por qué la web fue registrada inicialmente, en septiembre de 2022, por la coordinadora de uno de los másteres de Begoña Gómez y meses después, en julio de 2023, pasó a estar a nombre de la esposa del presidente del Gobierno. En el registro del dominio, además, se incluyó la dirección personal de Gómez.
Interrogantes del 'caso software'
Están llamados a comparecer esta semana el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y su predecesor, Juan Carlos Doadrio.
Acudirá al juzgado también un representante de Arsys, la empresa desde la que se creó la web, y a la que Gómez dejó de pagar la cuota anual del servicio el pasado marzo. Un movimiento que desde la acusación popular lo consideran como "intencionado" para llevar a cabo un borrado de pruebas.
Según la información que maneja el citado medio, el juez centrará las preguntas en conocer cómo se gestó la creación del software con todas las empresas implicadas y que expliquen algunas irregularidades, como que Indra no firmó el acuerdo de participación en el momento del inicio.
El magistrado busca también conocer qué lograron con este acuerdo o si consideran que no recibieron nada a cambio. Es aquí dónde se pone en duda de si al ser la mujer del presidente del Gobierno (todo esto ocurre ya en 2022) pudo tener que ver con los movimientos empresariales para la creación de este software y si algunas decisiones del Ejecutivo estuvieron planificadas al respecto.
Y en relación sobre el delito de intrusismo, se preguntará sobre por qué firmó unos pliegos técnicos de la contratación pública para la elaboración de este programa informático.
Gómez negó cualquier irregularidad en esta firma y aseguró en su declaración que se lo pidieron así en la UCM, pero ella no es personal de la UCM y carece, supuestamente, de conocimientos técnicos.
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