El Ministerio de Sanidad busca incorporar en 9 meses a la sanidad pública al millón de funcionarios que, a 31 de octubre de 2024, todavía tienen asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas por creer que el "modelo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) no es sostenible en la actualidad".
En el informe MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud' realizado por Sanidad, el Ministerio anuncia que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado cuenta con cerca de 1,5 millones de mutualistas, de los cuales 1.007.322 personas han elegido la sanidad de aseguradoras privadas (Asisa, Adeslas y DKV), lo que viene a ser el 67,3% de la población mutualista.
Señala Sanidad en el informe que "el modelo Muface no es sostenible porque ningún sistema funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso".
El 32% de los mutualistas cuenta con más de 65 años
Por franjas de edad, el 42,4% de los usuarios se sitúa entre los 35 y 64 años, mientras que el 32% cuenta con más de 65.
En términos globales, la incorporación de la totalidad de la población mutualista con aseguradora sanitaria privada podría suponer un incremento del 2,12% en el número de personas que tendrían prestación sanitaria pública.
También, existirían algunas comunidades autónomas más afectadas que otras: Andalucía, Castilla y León y Extremadura están entre las que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje, siendo, además, las que lo contarían con más personas de más de 65 años. Pasa lo mismo con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con una incorporación del 5,3% y 5,1%, cada una de ellas.
El informe remarca "la negativa de las aseguradoras sanitarias privadas a concurrir al concierto planteado por el Gobierno" y subraya que estas empresas piden un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación.
Por ello, Sanidad busca una prórroga de 9 meses del concierto actualmente en vigor, de acuerdo con la ley de Contratos del Sector Público. En ese periodo se conseguiría un proceso de internalización de la provisión sanitaria de los mutualistas de Muface para que se pudiera hacer cargo el Sistema Nacional de Salud.
Pacientes en terapia, los últimos en el traspaso
En esos 9 meses se podría plantear una incorporación escalonada teniendo en cuenta a pacientes inmersos en procesos terapéuticos que necesiten continuidad y que serían los últimos traspasados al sistema sanitario público.
En este tipo de pacientes y en caso de haber alguna contraindicación a la transferencia sanitaria (situación de final de la vida o muy alta complejidad de procesos oncológicos) se podría consideraruna vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita que se pueda prorrogar durante un año más allá del término de la prórroga.
Además, el informe deja abierta la posibilidad en estos 9 meses a un plan de transición para garantizar la atención de pacientes crónicos en sus centros hospitalarios de referencia sin tener que pasar por el cauce habitual de una primera consulta.
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