Continúa el vodevil iniciado por el juez Juan Carlos Peinado y ahora tenemos un nuevo episodio: Pedro Sánchez se enfrenta al magistrado y exige declarar por escrito, privilegio que ya tuvo Mariano Rajoy cuando declaró como testigo en el 'caso Gürtel'.
"Mi declaración se deberá prestar por escrito", ha manifestado en una petición el presidente del Gobierno al juzgado de instrucción número 41 de Madrid, dirigido por este juez que está pretendiendo llevar al banquillo de los acusados a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Peinado había citado a declarar como testigo del caso a Sánchez para este 30 de julio, y pretendía desplazarse él mismo al Palacio de La Moncloa para tomarle declaración, algo inaudito y que muchos interpretaron como otro episodio de intento de toma de protagonismo del magistrado.
Declaración como testigo
Además, la citación de Sánchez como testigo ha llamado la atención a expertos juristas por lo poco habitual que es llamar a declarar a un cónyuge de un imputado-investigado, ya que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la dispensa de los cónyuges para no tener que declarar contra los intereses de su pareja.
"Como presidente del Gobierno de España, tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la Ley y de preservar el sentido propio de la institución a la que represento por elección del Congreso de los Diputados", ha expresado Sánchez en la carta enviada al juez, citando el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, ha mostrado su "voluntad de colaborar con la Administración de Justicia".
La citación de Sánchez como testigo la fijó el juez el mismo día en que su esposa, Begoña Gómez, se acogiera el pasado día 19 a su derecho a no declarar como imputada.
También después de que el empresario Juan Carlos Barrabés declarara anteriormente que reconocía varias reuniones en Moncloa en las que estuvieron presentes tanto su socia Gómez como el propio Sánchez.
En realidad, lo hacía cediendo a las peticiones de algunas de las acusaciones particulares del caso, tales como Vox, pero también del sindicato ultra Manos Limpias y la organización ultraconservadora HazteOír.
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