La defensa de la ex consellera de Interior de la Generalitat Salomé Pradas ha dicho que es mentira que hubiera un "mando único" en la gestión de la DANA y ha asegurado que es "absolutamente inadmisible que se seleccione como cabeza de turco" a su representada "con la pretensión de poder atribuirle la responsabilidad penal" de los fallecimientos.
Así se desprende del recurso de apelación al que han tenido acceso diferentes medios y en el que se pide el archivo de la causa que instruye la jueza de Catarroja por el que fue imputada, junto al ex número dos de la Conselleria, Emilio Argüeso, que está investigando las muertes y lesiones por la DANA del 29 de octubre, que ha dejado 225 muertos y 3 desaparecidos.
"Nadie ha atentado contra la vida de los fallecidos" y la causa fundamental de esas muertes ha sido exclusivamente "la magnitud de una catástrofe natural que por sus características y velocidad de su curso constituyó un fenómeno de imposible previsión o en su defecto, de evitación", por lo que lo "procedente es el archivo", se manifiesta en el recurso.
Apuntan al Estado por tener "igualmente competencias"
El documento presentado por la ex consellera señala que el auto de la magistrada parte de un "apriorismo" al poner "exclusivamente" en la Generalitat la responsabilidad de "alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias" de la tragedia.
Sobre todo ello, la defensa de Pradas afirma que "es preciso tener en cuenta que las competencias en las materias afectadas por la acción de la dana, no se refieren sólo a protección civil", apuntando al Estado y a los organismos que dependen de él, además de a la Delegación del Gobierno, la AEMT y la Confederación del Júcar por tener "igualmente competencias" en todo lo que tiene referencia a los hechos.
En este sentido, el recurso presentado dice que el origen de lo sucedido es "la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos" que arrastraron el agua por barranco del Poyo, responsable de las riadas, y que no fueron realizadas "por decisiones de Administraciones anteriores".
En concreto, el texto hace referencia al proyecto de la presa de Cheste en 2005 y las obras del encauzamiento del mencionado barranco que se iban a hacer, en 2011. "Eso hubiera evitado las muertes que desgraciadamente se produjeron", afirma Pradas.
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